El mundo moderno experimenta cambios sin precedentes a partir de los desplazamientos masivos de personas, que buscando mejores oportunidades de vida encuentran en la migración la opción ideal para ampliar sus expectativas de desarrollo personal y colectivo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que para el 2010 habrá más de 200 millones de personas migrantes alrededor del mundo; sin embargo, el panorama es poco alentador para la población en movimiento, pues las modernas y poderosas fuerzas de exclusión económica y social, propician que los grupos más vulnerables sean víctimas de discriminación, abusos, maltratos, atropellos y cualquier tipo de vejaciones ya sea en el tránsito hacia el destino, en el destino mismo e incluso en sus lugares de origen.
La Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés) estima que existen alrededor de 86 millones trabajadores migrantes en el mundo, los cuales desempeñan todo tipo de actividades remuneradas, centrándose en aquellas que implican baja cualificación. Así, la figura del migrante no sólo es víctima de los empleadores, sino también de políticos, intelectuales y medios de comunicación, entre otros, que al satanizar a estos personajes han encontrado la excusa perfecta para destinar sumas exorbitantes para militarizar fronteras, realizar deportaciones masivas, allanar propiedades privadas, castigar a inocentes y, sobre todo, tomarlos como carne de cañón para cuando “sea necesario” (por ejemplo, la guerra).
En este contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran sometidos los migrantes, tanto organismos internacionales, así como organizaciones no gubernamentales se han dado a la tarea de promover la protección a los derechos humanos de los migrantes a través de instrumentos internacionales y movimientos colectivos, por mencionar algunos. En cuanto a los instrumentos internacionales, encontramos que en 1990 la ONU adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la cual no ha podido ser ratificada ya que Estados Unidos (uno de los principales países receptores de migrantes) no la ha firmado. De la misma manera en años recientes, la Organización Internacional del Trabajo elaboró el Marco Multilateral de la OIT para las migraciones laborales: Principios y Directrices no Vinculantes para un Enfoque de las Migraciones Laborales Basado en los Derechos, el cual se encuentra en fase de implementación inicial.
Por otro lado, cabe hacer mención que a nivel mundial existen cientos de las organizaciones civiles que han estado luchando en pro de la protección a los derechos humanos de los migrantes. Dichas organizaciones han jugado un papel sin precedente en la historia de la migración, pues su labor ha permitido no sólo ejercer presión a nivel gubernamental, sino también crear conciencia en los diversos sectores sociales sobre la necesidad de regularizar los flujos migratorios y así otorgar condiciones dignas para la gente que se mueve de casa.
Ejemplos claros de la labor que se ha venido realizando en este rubro están: el trabajo del Centro Internacional de Apoyo y Recursos sobre Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes, con sede en Bélgica, que a través del proyecto Radio 18-12 ha logrado unir a radiodifusoras y grupos de migrantes de todo el mundo a través de la producción, emisión e intercambio de programas radiofónicos que conciernen a los migrantes, y además es promotor incansable de celebrar el Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre, como una oportunidad para elogiar aquellas contribuciones hechas por los trabajadores migrantes, así como para resaltar su situación apremiante. También encontramos a la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, la cual con más de 30 años de trabajo intenso, y a través de publicaciones (reportes), ha logrado incidir a nivel gubernamental en el diseño de políticas públicas más justas y protectoras de los derechos humanos de los migrantes.
Cabe mencionar la gran labor que a nivel mundial también han realizado otras organizaciones civiles como las asociaciones de migrantes, los sindicatos, los grupos religiosos y los comités de servicio, entre otros, a favor de la difusión y protección de los derechos humanos de dicha población.
A nivel nacional, la preocupación por la protección de los derechos humanos de los migrantes no nos es ajena, con todo, cabe mencionar que el trabajo que han realizado tanto organismos gubernamentales como no gubernamentales ha sido insuficiente e incluso podría decirse que hasta pobre, dado que el ser país de expulsión, tránsito y destino de migrantes implica la funcionalidad de una serie de políticas públicas que simplemente no existen. En México los derechos humanos de estas personas son letra muerta; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha estipulado algunas prerrogativas para la población que se desplaza en el territorio nacional hacia los Estados Unidos, así como algunas recomendaciones para los nacionales que tengan intenciones de cruzar la frontera hacia el vecino país, no obstante, en ambos casos la formalidad supera la realidad.
Sin duda, la migración es un fenómeno social multidimensional que requiere de acciones conjuntas, tanto de los países de origen como de los países receptores, encaminadas a diseñar estrategias legales que permitan regularizar la migración laboral, para intentar disminuir el abuso y la explotación entre la población que se desplaza. También implica un cambio de percepción y de actitud de los medios de comunicación hacia la población migrante, que evite la estigmatización y promueva la conciencia social a través de información precisa sobre un trato digno a los extranjeros que buscan nuevas opciones de vida. De la misma manera es necesario que las instancias correspondientes, designen mayores recursos económicos al campo de la investigación origen-destino con el fin de tener una visión integral sobre el fenómeno.
“El fenómeno de la migración requiere de acciones conjuntas, tanto de los países de origen como de los países receptores, encaminadas a diseñar estrategias legales que permitan regularizar la migración laboral”.
TEXTO: Leticia Hernández Vega, profesora del Departamento de Política y Sociedad, División de Estudios Jurídicos y Sociales, Centro Universitario de la Ciénega
