Iris Angélica Martínez Larios tuvo el valor de elegir por su vida. En 2006 decidió separarse de su marido, después de denunciarlo reiteradamente por agresiones físicas, mismas que lo llevaron a la cárcel en dos ocasiones. Entonces creía que las autoridades le ayudarían, mas no sabía que reivindicar una vida sin violencia para una mujer pudiera acarrear una tragedia, cuyos estragos repercuten todavía en su existencia.
Un feminicidio fallido
A distancia de un año “decidí irme para Colima, él no lo sabía, me iba a ir a escondidas”, relata Iris. “Cuando llegó a la casa y no me vio, agarró el arma y fue a buscarme. Desafortunadamente me encontró”. La pareja vivía en Tonalá, y ella se fue a refugiar en Tlajomulco, en la morada de su hija mayor, donde con su madre preparaba el traslado.
“Se metió a la casa, mató a sus dos hijos, a mi hija, que estaba embarazada de ocho meses, a mi mamá, luego me disparó a mí, y finalmente se suicidó”. Ese día, 31 de agosto de 2007, en la sala quedaron los cuerpos sin vida de Citlali González Martínez, de tres años y su hermanito Tonatiuh, de dos, y el de la septuagenaria Eva Larios. Nitzi González Hernández, de 17 años, hija que Iris tuvo con un matrimonio anterior, falleció en el nosocomio, donde lograron salvar a su pequeño, que actualmente vive con el padre.
Iris sobrevivió, a pesar de recibir un impacto de bala en el tórax y de ser el objeto principal de la furia misógina de Manuel González, quien después del múltiple homicidio se disparó en la cabeza. Sin embargo, el drama ha sido para ella solamente el punto más álgido que se interpone entre una vida familiar llena de maltratos, y una difícil recuperación física y psicológica, agravada por la indiferencia de las autoridades a las que acudió para pedir sólo que se haga justicia.
Indiferencia e impotencia
Hace exactamente una semana Iris cumplió 39 años. En cambio, las que no se cumplen a tres años de distancia de lo ocurrido son las leyes en materia de violencia contra las mujeres. A pesar de que el DIF y la policía de Tonalá estaban enteradas de la situación que sufría, no se tomaron cartas en el asunto, pues además de ser encarcelado dos veces, Manuel había sido denunciado por haber amenazado con matar a los hermanos de su pareja, y a ella misma.
Además de no implementar acciones para evitar la tragedia, tampoco se está procurando la recuperación del daño para la víctima. Por lo que, después de ser ignorada por las autoridades municipales, acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), “que emitió unas recomendaciones al ayuntamiento de Tonalá, pero éste se está amparando negándose a cumplir, argumentando que ya pasó mucho tiempo y que no son las mismas autoridades. Yo todavía tengo los mismos problemas, las mismas deudas de cuando salí del hospital, todo sigue igual o peor”.
Iris agregó que también interpuso una demanda ante la Procuraduría de Justicia, donde la citaron a finales del año pasado para prestar una declaración. “Me hablaron los últimos días de mayo para que me hiciera un examen sicológico en el Instituto de Ciencias Forenses. Todavía no tengo los resultados, pero la doctora me dijo que no tendría que estar afuera, que necesito internarme para que me den un tratamiento completo. Según ella soy una bomba de tiempo en la calle”.
La paradoja: según la psicóloga, de víctima pasó a ser una posible agresora. “¡Me pregunta si siento que soy un peligro para la gente! Claro que no, tengo tres años en tratamiento en el Centro Médico, y mi siquiatra me dice que no es así”. Aun si estas consultas se las proporcionan gratuitamente en el hospital, ella tiene que costearse muchos gastos para su rehabilitación.
También el CEPAVI la asesoró para que obtuviera el dinero para pagar sus operaciones, y para que el DIF Jalisco la apoye con los medicamentos y el transporte, ya que actualmente reside en Colima. Sin embargo, solamente el DIF de esta entidad le proporciona la mitad de las medicinas, mientras que por parte de Jalisco no ha recibido todavía nada. “No me queda más que esperar el dictamen de Ciencias Forenses”, suspira Iris. Esperar para ver si de la Procuraduría deciden encerrarla en un instituto.
Leyes que no se aplican
María Guadalupe Ramos Ponce, Coordinadora en México del CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), comentó que este caso es representativo “porque Iris es sobreviviente a un feminicidio, nos puede relatar el víacrucis que sufrió ante estos hechos violentos, que demuestra cómo el aparato de justicia no sirve en esta materia”.
La también investigadora de la UdeG, junto con otras abogadas del CLADEM, realizó un estudio para verificar si la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, a dos años de su publicación en Jalisco y tres a nivel federal, ha tenido los efectos previstos. A través de un comparativo entre expedientes emitidos antes y después de la ley, y entrevistas a agentes de MP y a jueces, encontró que “todavía hay un desconocimiento de la ley en los operadores de justicia, por lo que no la aplican”.
Explicó que “por un lado no se le ha brindado capacitación al personal para que conozca la ley, y por otro no hay una estructura administrativa que permita que la mujeres terminen sus procesos judiciales, ya son pocas las que se atreven a denunciar, y de estos pocos casos, más del 90 por ciento desiste antes de concluir los procedimientos”.
Las causas son que “primero los mismos agentes de MP las desaniman a seguir con la denuncia, segundo que en muchos casos hay una relación de dependencia sobre todo económica con quien las está golpeando, y finalmente quienes siguen, se dan cuenta de que no existe ningún apoyo, ni jurídico ni médico ni psicológico, y tampoco económico o de albergues, donde puedan canalizar a las que corren peligro de vida”.
Feminicidio
Uno de los puntos relevantes que se señalan en tratados internacionales y convenciones que México subscribió, como la de Belem do Pará, (Brasil, 1994), concierne la necesidad de tipificar el feminicidio, en cuanto “homicidio perpetrado por la misma condición de mujer, con una violencia extrema en contra de sus cuerpos. Lo vemos en casos en que además de privarlas de la vida, las mutilan, hay agresión sexual, mujeres que se encuentran desnudas y con los pezones mordidos”.
Sin embargo, no se ha logrado que en México se tipifique este delito, ya que en la ley se habla solamente de violencia feminicida, pero no se establecen medidas jurídicas específicas al respecto. “Tiene características distintas a los homicidios varoniles, y esto es lo que no han logrado entender los legisladores, y mientras no se legisle en este sentido no podrá haber justicia para estas mujeres asesinadas y sus familias”.
Ramos Ponce añadió que en México este tipo de crímenes ha aumentado considerablemente en los últimos años. Con una investigación que el CLADEM realizó sobre feminicidio en Jalisco entre 1997 y 2007, se contabilizaron 581 casos, mientras que en 2008 y 2009, se contó un promedio de 54 homicidios de mujeres por cada año.
Según datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, entre enero y mayo de 2010, se verificaron 20 asesinatos en contra de mujeres en la ZMG y tres más en el interior del estado. En la estadística se señala que los datos podrían diferir de los de otras dependencias, como la Procuraduría de Justicia, misma que se negó a proporcionárnoslos.
Con respecto a estas discrepancias, el doctor Vicente Molina Ojeda, del Departamento de Psicología Aplicada, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, dijo que “se requiere unificar los criterios estadísticos para agrupar los datos que hay acerca de este tema, porque esto provoca que cada quien maneje sus estadísticas a modo y que no se pueda atacar o prevenir el problema de una forma adecuada”.
En este sentido la doctora Candelaria Ochoa ívalos, del Centro de Estudios de Genero de la UdeG, comentó que hay una gran cifra negra, debido a que inclusive en la violencia intrafamiliar existe el mismo problema que con el feminicidio, que a pesar de estar tipificada se clasifica sencillamente como lesiones.
Por otra parte, Molina Ojeda destacó que en el mismo periodo de 2010 —enero-mayo—, el Instituto de Ciencias Forenses reporta 31 suicidios de mujeres, mucho más que los homicidios, explicando que habría que cruzar variables para estudiar cabalmente el problema, porque “hay personas que en dato momento se privan de la vida, desesperadas por estas condiciones de violencia que viven en la familia”.
En este sentido subrayó que la violencia hacia la mujer puede ser emotiva, económica o física. Según resultados de la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, del 2006 (ENDIRE), el factor emotivo es el principal móvil de homicidio hacia la mujer. Otro dato que arroja la investigación, es que Jalisco es el primer estado por violencia ejercida en contra de la mujer, con un porcentaje de 78.5 por ciento de ellas que han sufrido algún tipo de violencia, por encima del promedio nacional que es de 67 por ciento.
A pesar de esto, Ramos Ponce subrayó que el año pasado la Secretaría de Salud no ejerció un presupuesto federal de 4.5 millones de pesos para su programa de violencia intrafamiliar, por lo que para 2010 se lo redujeron de un 80 por ciento. Otro problema del sector salud, señaló Ochoa ívalos, es que “tiene una norma, la 086, que dice que cuando una mujer atendida denuncia violencia intrafamiliar se le tiene que hacer llenar un formato, para contabilizar cuántas de ellas acuden a recibir atención médica, y esto no se hace”.
Acerca del desconocimiento de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso de Jalisco, Margarita Licea González, declaró que “pretendemos realizar para el mes de octubre o noviembre una campaña de difusión de la ley, porque aun sin tener datos estadísticos, hay una percepción muy general de que no todas las instancias que debieran conocerla al pie de la letra, la conocen en su totalidad”.
Violencia intrafamiliar y feminicidio están íntimamente relacionados. El homicidio de una mujer en la mayoría de los casos es el fin de una vida de maltrato y violencia, perpetradas casi siempre por un familiar o una persona con la que tenía una relación de intimidad. Como señaló Ramos Ponce, “el motivo del asesinato muchas veces es que la mujer decide tomar el control de su vida, desde cosas sencillas como comprarse un vestido, hasta decidir separarse”. Este es el caso de Iris Angélica, que a pesar de todo lo ocurrido puede relatar su experiencia, en cambio muchas otras antes que ella no tuvieron esta posibilidad. Y en el futuro quizá cuántas más no la tendrán.
