El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) mexicano ha fracasado debido a la defectuosa implementación de obligaciones y sanciones, y a la burocratización del organismo; esto, de acuerdo con el “Informe sobre el combate a la corrupción en México. Informe País, 2020” del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), adscrito al Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), presentado en el Paraninfo Enrique Díaz de León.
La Secretaria Ejecutiva del instituto, Annel Vázquez Anderson, argumentó que el SNA ha fallado en la aplicación de los instrumentos con los que cuenta México para enfrentar a la corrupción.
“El combate a la corrupción ha fracasado debido a los múltiples defectos en la implementación de principios y normas jurídicas para enfrentar el fenómeno, la procrastinación de las obligaciones y de las funciones necesarias para darle vida al SNA”.
Entre los principales hallazgos del informe se encuentra el abandono del procedimiento de licitación pública en las contrataciones gubernamentales que en 2020 reportó 79 por ciento de la cuenta pública.
“Aún persisten zonas de opacidad e incertidumbre y discrecionalidad con respecto al uso y destino de los recursos públicos en 2020, con un abandono excesivo del procedimiento de licitación pública”, destacó Vázquez Anderson.
Además, las plazas o cargos públicos se han acotado y disminuido porque no cuentan con controles públicos suficientes de ingreso, evaluación y salida de quienes desempeñan funciones públicas.
“En comparación, por ejemplo en 2005, el Servicio Profesional de Carrera nació apenas con 41 mil 164 plazas potenciales; para 2020 había en ese sistema 20 mil 565 plazas menos, lo que representa apenas 1.3 por ciento del total de los puestos públicos federales”, informó.
Hubo también, dijo Vázquez Anderson, un manejo discrecional del Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Se manejó con amplios márgenes de discrecionalidad desde su asignación hasta su presentación final, incluyendo zonas de franca opacidad en las transferencias presupuestarias, los gastos indirectos y la adjudicación de contratos”, concluyó.
El Director del IIRCCC, Mauricio Merino Huerta, aseguró que el informe presentado no fue construido para producir escándalo, ni se refiere a hechos de corrupción específicos, “ni tampoco es una denuncia, no es un pleito, no hay tiro; lo que queremos es que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione bien, sin procrastinar y sin pretextos burocráticos”, acotó.
El Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, reconoció el valor del trabajo de investigación del IIRCCC, que se adentra en el fondo y función para combatir la corrupción.
“Bien sabemos que la corrupción es algo que se diseña y planea para que esté oculto, y el trabajo de poder meterse a las cañerías, para poder tener información fiable y verificar lo que está sucediendo, ese es el gran trabajo que hace la red de investigadores”, dijo.
El Rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes, aseguró que están convencidos de que la investigación científica tiene un impacto social que favorece y amplía la generación y aplicación del conocimiento útil.
“Para la sociedad es este el valor que tiene la autonomía, para la libertad de cátedra, para la libertad de investigación, para mantener las libertades públicas y, por supuesto, el derecho a decir siempre, de cara a la sociedad, la verdad sobre los asuntos públicos”, subrayó.
Concluyó que el informe plantea un faltante en el combate a la corrupción: la consolidación de un sistema de pesos y contrapesos, autónomo y dotado de un sistema de sanciones eficaces para que tenga resultados.
El informe se construyó con más de mil solicitudes de información para la construcción de la plataforma Sobre el Combate a la Corrupción, con 47 bases de datos que incluyen más de 970 mil registros para su consulta pública.
