Héctor Domínguez Ruvalcaba*
Son múltiples los significados que podemos desprender de los videos del asesinato de George Floyd, un afroamericano arrestado en una calle de Minneapolis por presuntamente haber pagado unos cigarros con 20 dólares falsos.
Por 8 minutos y 46 segundos, la rodilla del policía Derek Chauvin se mantuvo presionando firmemente el cuello de Floyd, quien rogaba se le dejara respirar: “I can’t breath!» es la consigna principal que resuena como un verso épico por toda la Unión Americana. Los testigos que graban advierten la asfixia y piden se le atienda en vez de continuar con el suplicio. Otro policía trata de alejarlos de la escena. El mundo entero pudo ser testigo de cómo impávidamente un policía mata a un hombre desarmado que le ruega lo deje respirar. El impacto emocional es más que elocuente, de manera que si alguien no se indigna de ver a la fuerza pública violando la ley que debería hacer cumplir está legitimando un asesinato.
La ciudadanía sale a la calle, no obstante la pandemia, con un reclamo histórico contra la nefasta creencia de que las vidas de las personas de razas distintas a la europea valen menos, o merecen ser repudiadas. El caso de Floyd se suma a las centenas de homicidios de hombres afroamericanos perpetrados por policías en los últimos años. Esta reiteración de asesinatos nos deja en claro que en las calles de Estados Unidos aún se libra la guerra civil que creíamos concluida el siglo antepasado.
Cotidianamente, las llamadas personas de color siguen siendo animalizadas, expulsadas de la ciudadanía y criminalizadas con base en la idea de su inferioridad. Las campañas de reaprehensión de esclavos prófugos, los linchamientos cometidos por la organización secreta Ku Klux Klan (KKK), las leyes de segregación y los encarcelamientos masivos del presente tienen en común el racismo que los motiva. Si Derek Chauvin no es capaz de escuchar los reclamos de los testigos ni los ruegos de George Floyd es por ese mismo inconsciente supremacista: no cree que el cuerpo que tiene sometido es de un semejante. La inexpresividad de su rostro nos deja ver una ausencia de empatía, su crueldad inflexible.
La actuación de Chauvin forma parte de un proceder sistemático en las instituciones policiacas de este país. Pone al centro de la discusión la teoría de larga data (desde por lo menos la época de las luchas por los derechos civiles de los años sesenta, con Angela Davis a la cabeza) de que el sistema carcelario norteamericano es una forma de mantener a los hombres afrodescendientes (y a los latinos) desempoderados y reesclavizados, restringidos laboralmente y desprovistos de sus derechos ciudadanos, como el sufragio.
Criminalizar a los hombres de color para recluirlos en cárceles privadas, y últimamente crear centros de detención para mantener a solicitantes de asilo encerrados por tiempo indefinido, son parte de un negocio macabro que en muchos aspectos recuerda las políticas del estado nazi en la Alemania de los años 30 y 40. No es exageración decir que el supremacismo blanco norteamericano ha logrado el ideal del fascismo con mayor éxito que los totalitarismos del siglo XX. A pesar de que las expresiones de racismo son sancionadas, sobre todo cuando se exhiben públicamente, la fuerza que el supremacismo blanco ha acumulado por medio de penetrar instituciones (educativas, políticas y de seguridad) es tal que, a qué dudarlo, detenta el poder en USA.
Entre las decenas de grupos clandestinos supremacistas que han proliferado en el país, es prominente la organización KKK. Su penetración en los departamentos de policía, como lo ha señalado Vida B. Johnson, lleva a pensar en una política supremacista instalada en las instituciones de impartición de justicia, para desde ahí actuar contra las minorías raciales. ¿Hasta qué punto las instituciones policiales son subsidiarias de agendas anticonstitucionales y claramente opuestas a los derechos humanos? En la medida que la ideología supremacista mantenga a los departamentos de policía como rehenes, la guerra contra la población de color seguirá en pie.
De uno y otro lado de esta guerra hay fracturas: varios policías deciden marchar con los manifestantes y ponen una rodilla en el suelo en señal de apoyo a la lucha de Black Lives Matter, mientras otros atacan a contingentes que protestan pacíficamente. Algunos manifestantes marchan ordenadamente, mientras otros cometen vandalismo. En algunas ciudades las detenciones son masivas y las manifestaciones se han tornado violentas, lo que puede llevar a una escalada incontrolable.
¿Es el vandalismo contra particulares legítimo porque los que protestan no han sido escuchados y dañar edificios y robar son las únicas formas de lograrlo?, o ¿no es más que una forma de provocación para justificar el uso de la fuerza contra la protesta pacífica?
El llamado de la alcaldesa afroamericana de Atlanta Kaisha Lance Bottoms fue de no afectar a particulares que seguramente en su mayoría simpatizan con la lucha y recuerda que una forma efectiva de lucha es salir a votar, sugiriendo que la apatía por las vías electorales ha llevado entre otras cosas a que se tenga un gobierno de extrema derecha, que ha detonado un racismo intolerable.
La irrupción de los grupos supremacistas nos lleva a preguntarnos cuáles son los límites de la libertad de expresión, libertad de creencia e incluso libertad de cátedra, cuando se reclama el derecho a expresar odio y toda forma de discriminación contra los diferentes, cuando se promueve el exterminio de grupos humanos. Esta fe en la superioridad de la raza nos recuerda que la estructura del esclavismo que sustentó la colonización de las américas sigue presente en la fantasía de muchos habitantes del continente de ascendencia europea: ¿no es el racismo latinoamericano otra versión de esta actitud colonialista? ¿Y no es matar a un albañil por parte de la policía en México una forma semejante de guerra contra los grupos en desventaja?
* Es profesor asociado en el Departamento de español y portugués de la Universidad de Texas en Austin.
