Todo y toda joven de Jalisco cuyo padre o madre haya sido elemento de seguridad ciudadana y perdido la vida durante la realización de su trabajo, tendrá ingreso directo a estudiar en cualquiera de los programas de educación media o licenciatura en la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Esto, mediante el Programa especial de apoyo educativo para hijos e hijas de policías caídos en cumplimiento de su deber en el Estado de Jalisco, mismo que fue aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario (CGU) realizada este lunes.
En el Paraninfo Enrique Díaz de León, los y las consejeras dieron luz verde a esta propuesta, mediante votación, por parte del Rector General, Ricardo Villanueva Lomelí.
“Qué más podríamos hacer en una situación tan difícil, donde la violencia parece que nos come y el Estado se ve rebasado”.
“Cualquier jalisciense que pierda a su padre o madre por cuidar la vida de los demás, esa persona es una huérfana de todos nosotros; son hijos nuestros, del pueblo de Jalisco. La Universidad pública de Jalisco merece hacerse responsable de la educación de cualquier policía que sea abatido en el cumplimiento de su deber”, recalcó Villanueva Lomelí.
Indicó que este aporte es para darle seguridad a quienes salen todos los días a trabajar y arriesgan sus vidas: 22 mil 282 policías estatales, 13 mil 314 municipales, 4 mil 833 de la Secretaría de Seguridad Pública, 2 mil 146 que están en prevención y reinserción social, mil 989 policías investigadores.
“Es una prestación que da la Universidad y que quisiéramos que nadie la use, pero me da mucho gusto que se vayan con la tranquilidad de que la UdeG les garantizará un acceso directo a sus hijos”. recalcó.
El dictamen número I/2021/1056 menciona que “se propone el ingreso directo a educación media superior y superior en la Red Universitaria de Jalisco a hijas e hijos de policías caídos de corporaciones de seguridad pública municipal y estatal de nuestra entidad federativa”.
El Secretario General de la UdeG, Guillermo Gómez Mata, detalló el acta de la propuesta, donde se hace hincapié que la madre o el padre “debe ser servidor público que provea seguridad pública mediante prevención y combate del delito, debió haber perdido la vida por acción dolosa y que sea factible acreditar que la acción dolosa en su contra es consecuencia del desempeño de sus labores”.
Indicó que se excluyen a aquellos policías que fallecieron en algún accidente aún en cumplimiento de su deber y quienes fueron asesinados por circunstancias ajenas a su trabajo.
Recordó que en México, de 2013 a 2018, 802 policías fueron abatidos y que en Jalisco fueron 41 elementos. De la cifra nacional, 90 por ciento fueron hombres, 86 por ciento de los homicidios fueron con arma de fuego y 81 por ciento ocurrió en la vía pública.
Para que surta efecto este programa, la UdeG habrá de consolidar los convenios necesarios con las diferentes corporaciones de seguridad pública.
