La violencia contra periodistas priva a la sociedad del derecho a la información cuando funcionarios públicos y grupos del crimen organizado intimidan, agreden físicamente o matan a los profesionales de la información y, con ello, se atenta contra el derecho a la libertad de expresión.
Así lo dijo frente a Casa Jalisco la profesora-investigadora de la UdeG, Celia del Palacio Montiel, durante la master class número 18 titulada: “La libertad de expresión y violencia contra periodistas: del ámbito nacional al local”.
Sobre la avenida Manuel Acuña, frente a la residencia oficial del gobernador, 136 miembros de la comunidad universitaria entre estudiantes y profesores de las carreras de derecho, psicología y administración del Centro Universitario de los Valles (CUValles), asistieron a la cátedra, en la que la experta explicó las implicaciones de un Estado que no defiende la condición fundamental de la democracia, el derecho de opinión y expresión.
“Este derecho es una facultad de todos, no sólo de periodistas o comunicadores, y está relacionado estrechamente con la facultad del derecho a la información que, al atacarse, se agrede a todos”, explicó Del Palacio Montiel.
Sin embargo, agregó, se trata de una condición registrada a lo largo y ancho del país, donde se callan expresiones y opiniones ante los ojos del Estado, sin repercusiones para los perpetradores. “Porque es una obligación del Estado detener a los agresores, y proteger y procurar justicia a los periodistas; una obligación propia de las instituciones”, precisó.
La libertad de expresión plantea desafíos para el Estado como la limitación de mecanismos ilegítimos de control, las presiones económicas y comerciales a los medios de comunicación, y actuar ante la impunidad luego de las agresiones contra periodistas en México.
“La falta de libertad de expresión es propio de Estados autocráticos, ya que, si hay pluralismo mediático e independencia, se dispara la censura interna o externa sin poder acudir a un marco legal de protección y de sanciones”, abundó.
De acuerdo con la profesora investigadora, México ocupa el lugar 125 de 180 países en el mundo en el ámbito de garantizar condiciones óptimas para ejercer la libertad de expresión, y se ubica por debajo de naciones como El Salvador, Haití y Costa Rica.
El año 2022 fue el más letal para los periodistas con 17 asesinatos, 12 de los cuales atribuidos directamente por su labor informativa, de acuerdo con la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión.
En el periodo de 2018 a 2022 las agresiones se concentraron en Veracruz con 31 agresiones, el más afectado; y Jalisco, en 2017, reportó el último homicidio en contra del reportero Jonathan Rodríguez, en Autlán.
Destacó el atentado en contra de Susana Carreño, reportera de Canal 44 en Puerto Vallarta, además de los dos trabajadores de las instalaciones de Canal 44 en el Cerro del 4, de las cuales no hay indicios de los presuntos responsables, aunque explicó que en la mayoría de los casos se debe a que afectan intereses económicos, pues en su mayor parte son funcionarios públicos.
“En el año 2021 se reveló que 52 por ciento de las agresiones son de parte de agentes estatales, del Ejecutivo estatal y municipal, de policías y, en menor medida, de los grupos criminales”, afirmó.
Además de los periodistas, los defensores de derechos humanos también sufren acoso. Entre ellos, la abogada y activista Verónica Guerrero, quien fuera asesinada por oponerse a la instalación de un basurero cerca de su colonia. O en contra de Javier Armenta, Expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Iván Cisneros y José Alexis Rojas, apresados y luego liberados por la defensa del Parque Huentitán.
Llamó a los más de cien estudiantes ahí presentes a consumir noticias del modo tradicional, desde el periódico, la radio, la televisión, y no sólo en redes sociales, para enterarse del trabajo de contextualización y contraste de información de los periodistas y encontrar empatía con una profesión en la cual más se agrede y mata a personas en México.
