Desde diciembre de 2018 la estrategia de seguridad del gobierno de Jalisco se caracteriza por la improvisación, la impunidad y la corrupción, que agravan la crisis de inseguridad en el Estado, de acuerdo con el Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de esta Casa de Estudio.
El miembro del observatorio, maestro Alfonso Partida Caballero, precisó que en la administración del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez (de 2018 hasta la fecha), se han denunciado 466 mil 44 delitos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), que representan el 6.4 por ciento, una mínima fracción de la cifra negra (los delitos no denunciados, que ascienden a más de 6 millones de delitos).
“Es aproximadamente 6.4 por ciento, pero 93.6 por ciento simplemente pasa a formar parte de la cifra negra de la criminalidad, y ahí hay 6 millones 815 mil 856 delitos, según el Inegi; delitos que sí se cometen pero que no se denuncian porque las víctimas no tienen confianza en la Fiscalía”, declaró.
Destacó la misma cifra negra reportada en los robos a persona, casa habitación, vehículos y negocios, donde 9 de cada 10 víctimas no denuncian los robos.
Partida Caballero enfatizó en la cifra de 8 mil 80 homicidios cometidos durante el actual gobierno, y en las 16 mil 87 personas desaparecidas y las 3 mil 96 personas localizadas en fosas clandestinas; cifras que, de acuerdo con el investigador, no se incorporan a las cifras de homicidios.
Para Partida Caballero, desde el inicio de la administración el gobierno estatal desestimó la planificación de una estrategia de seguridad integral, pues en 2022 Jalisco está en el segundo lugar de la incidencia delictiva en la región Occidente y en el cuarto a nivel nacional, después del Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México.
“El gobernador actual no estableció una política criminal adecuada, certera y eficaz. Nunca estableció metas, ni estrategias coherentes y articuladas para resolver problemas; ni asumió compromisos, presupuestos e instrumentos adecuados y contundentes para dar la respuesta puntual que requería la entidad”, subrayó.
La eficacia de la Judicatura de Jalisco en 2021 es menor a 1 por ciento, pues sólo se registraron 670 condenas de 128 mil 585 delitos. “Lo que representa 0.3 por ciento de eficacia, ni siquiera 1 por ciento, ni siquiera uno de cada 100 delitos que se cometen son resueltos; esa es la magnitud de la eficacia que Enrique Alfaro tiene actualmente”, resaltó.
Para el académico, la crítica y el señalamiento que cada mes hace la UdeG por medio del observatorio resulta en un enfoque equivocado, ineficaz, demagógico y sin transparencia.
“Pero eso sí, con un discurso altamente falso, Enrique Alfaro nos ha sometido a los jaliscienses a la pedagogía de la simulación y la manipulación en materia de seguridad pública”, dijo enfático.
El también académico y miembro del observatorio, doctor Francisco Jiménez Reynoso, Jalisco figura entre los estados más peligrosos y con una puntuación de 0.38 por ciento de aprobación en el país, de acuerdo con el índice de World Justice Project.
“Así lo alertan los consulados estadounidense, canadiense y de otros países a nivel mundial, donde los estados de Veracruz, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Morelos y Guerrero, y ahí nos encontramos, entre las entidades más peligrosas”, precisó.
El doctor Rubén Ortega Montes, también integrante del observatorio, criticó el énfasis que el gobernador de Jalisco da a los delitos patrimoniales sobre delitos que impactan a la integridad de las personas como la inhumación clandestina, homicidio, feminicidio, abuso sexual, violencia intrafamiliar, privación de la libertad, violación sexual y desaparición.
Para Ortega Montes el gobierno de Jalisco incumple con la obligación de brindar seguridad a la sociedad. “Jalisco es impune, Jalisco es inseguro, Jalisco es un estado que viola el Estado de derecho”, dijo.
El Director del Observatorio, doctor Octavio Cotero Bernal, lamentó la situación de Jalisco, que se encuentra en el lugar 24 a nivel nacional en el índice de estado de derecho en México, (donde 1 indica mayor respeto al Estado de Derecho), que incluye experiencias y percepciones de la población en el país, de acuerdo con la organización civil World Justice Project.
“Sí, la inseguridad está mal en todo el país, pero no se justifica que no podamos vivir en unas condiciones más decorosas, pues Jalisco está sometido a la criminalidad como desafortunadamente así lo vemos en las estadísticas reales”, puntualizó el Director del Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
El doctor Alfonso Partida Caballero subrayó que el observatorio reprueba la presencia de manifestantes disfrazados y con máscaras a la entrada del domicilio del Rector General, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, acto que representó un agravio a su privacidad, y una amenaza para desanimar a la megamarcha del próximo jueves 26 de mayo.
“Desde el Observatorio de Análisis sobre Seguridad reprobamos las acciones mafiosos por parte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez por mandar a tipos encapuchados para tratar de amedrentar y bajar la el ánimo de la marcha”, precisó.
Agregó que la marcha es un derecho humano que se ejercerá pese a lo también expresado por el Presidente Municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, quien pidió que no se efectuara la manifestación bajo el argumento del cansancio de los policías tras la cobertura de vigilancia de un partido de fútbol.
“Los universitarios no necesitamos de policías para que nos cuiden porque hemos dado ejemplos de lo que debe hacerse: respetar la calle, marchar por las banquetas pacíficamente y no responder confrontaciones, eso es ejercitar un derecho pacífico”, concluyó.
