Pese a las inversiones sexenales de gobiernos estatales y federales para mejorar la movilidad urbana, en Jalisco no existe una política pública capaz de resolver las necesidades reales en la materia y disminuir los tiempos de traslado de la población jalisciense.
Así lo evaluaron expertos en el foro “Análisis de las políticas públicas de movilidad urbana en Jalisco”, organizado por el Comité de Desarrollo Urbano Movilidad y Ordenamiento Territorial de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ) Juan José Arreola.
El Coordinador del comité, Héctor García Curiel, explicó que la falta de política pública en movilidad se refleja en el tiempo de traslado que oscila entre 4 y 5 horas, que se ha registrado en los 20 municipios donde se concentra el 78 por ciento de la población.
“Una de las conclusiones de este foro es que los indicadores de movilidad nos dicen que no hemos avanzado prácticamente en ningún rubro: la gente sigue empleando largos periodos en el transporte público, desde zonas urbanas alejadas hasta sus lugares de trabajo, estudio o servicios médicos”, explicó.
Los traslados prolongados impactan en la población, tiempo que, de acuerdo con García Curiel, podrían dedicarlo a cuestiones lúdicas o de convivencia, todo debido a la falta de una estructura de movilidad adecuada que permita resolver el problema.
Para la profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Fabiola Quezada Limón, destacó la importancia de una política que una los bienes y los servicios en función de los actores.
“Para el modelo de ciudad es necesario resolver esos conflictos, como conectar las redes, actores y las necesidades de la persona de transporte público y también de quienes tienen automóvil”, dijo Quezada Limón.
Lo anterior de acuerdo con el ideal de la sustentabilidad que establece tener los centros de las ciudades a 20 o 15 minutos, para tener al alcance los servicios básicos.
El problema es de prioridades, pues cada administración construye infraestructura de movilidad para impulsar un proyecto político y no uno social.
“Proyectos de propiedad política que deben ser de propiedad social, es decir, que surjan no sólo de un marco de planeación estratégica, sino que surjan de las necesidades reales. Entonces, lo que queremos son victorias rápidas de los gobiernos y proyectos de propiedad política”, dijo el coordinador del Comité de Desarrollo Urbano Movilidad y Ordenamiento Territorial.
García Curiel recalcó que en el colapso de la movilidad urbana son responsables administradores y servidores públicos con proyectos desarticulados, como las tres líneas del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), que no se articulan del todo y que no llegan a núcleos densamente poblados como los de Tonalá o Zapopan.
“Son responsables por tomar presupuestos de manera espontánea y aplicarlos con proyectos improvisados que no traen ni la estructura básica ni el soporte técnico”, explicó.
En el foro se analizaron los alcances de las políticas públicas de movilidad que, de acuerdo con el Coordinador de Proyectos Arquitectónicos del Centro Cultural Universitario, Carlos Correa Ceseña, buscan que el Congreso del Estado los convoque para discutir y proponer soluciones de movilidad.
“Poder someter a escrutinio lo que pensamos y podamos discutir ante el Congreso, para ser escuchados sobre lo que proponemos para hacer políticas públicas”, concluyó.
