Cuando los elementos de la policía municipal llegaron a atender un reporte del 911 en El Zapote, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, no podían creer lo que vieron. En el baldío, a un costado del camino a Las Ánimas, entre la maleza, yacía un bebé calcinado. Había sido golpeado en la cabeza y tenía al menos 15 días de haber fallecido. Era el 31 de diciembre de 2018.
Meses después, el 4 de septiembre de 2019, paramédicos de la Cruz Verde localizaron en una finca ubicada en el fraccionamiento Arvento, también en Tlajomulco de Zúñiga, a un niño de dos años de edad, con signos de maltrato y golpes en su pequeño rostro.
A los pocos días, en la colonia Jardines del Sur, en el municipio de Guadalajara, una persona en situación de calle, que buscaba comida entre la basura, encontró en una bolsa negra el cadáver de un bebé. En la zona, sobre la avenida Isla Raza, afuera de una torre de departamentos, no había cámaras de videovigilancia. Tampoco hubo testigos.
Casos como éstos se han repetido 184 veces en Jalisco de 2010 a la fecha, de acuerdo con las estadísticas de defunciones por homicidios, disponibles en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Podrían ser más.
Es decir, en Jalisco también son comunes los casos como el de la niña Fátima, raptada y asesinada en la Delegación Tláhuac de la Ciudad de México, y que cimbró a la opinión pública nacional e internacional. De los 184 asesinatos de menores de 14 años de edad en el estado, 57 eran bebés menores de cuatro años. La mayoría eran niñas: 35 víctimas.
De 5 a 10 años de edad hay 34 víctimas, de las cuales 13 fueron niñas y 21 niños. Otras 91 víctimas de asesinato tenían entre 10 y 14 años de edad, de las cuales 23 eran de sexo femenino y 68 masculinos.
“Esta situación no es nueva. Se ha presentado históricamente en Jalisco y no se le daba tanta atención mediática como ahora. El asesinato de una persona es la máxima expresión de la violencia. Pero en el caso de una niña o un niño a quien están negándole la posibilidad de una larga vida, es aún más brutal”, considera David Coronado Arias, jefe del Laboratorio de Violencia del departamento de Sociología del CUCSH.
Desapariciones: cifras y discrepancias
Otro punto es que las cifras de desapariciones no coinciden entre las diferentes instituciones que se encargan de registrar los casos. En México, hay 11 mil 072 niñas y niños desaparecidos, de los cuales Jalisco registra 976 casos, según el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición en Jalisco (SISOVID).
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ofrece otra cifra distinta: 238 menores de 15 años sin localizar. De estos, 47 son bebés menores de cinco años de edad (once niñas y 36 niños). Otras trece personas desaparecidas oscilan entre los seis y los diez años de edad (6 niñas y siete niños).
De acuerdo con la Fundación FIND (Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos), Jalisco se ubicó como primer lugar de menores desaparecidos en México en el período del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 , en el cual se registraron 212 desapariciones. El segundo lugar es Puebla, con 131 y el tercero Chihuahua, con 130. En el acumulado histórico, Jalisco es cuarto lugar nacional con 917 casos sin resolver.
Niños que aparecen años después
El niño Sebastián Alexander Sánchez García desapareció en Guadalajara el 11 de mayo de 2015. Al paso del tiempo las autoridades dejaron de investigar. Pero, providencialmente, fue encontrado en el Estado de México, cuatro años después, como víctima de explotación laboral.
De este caso da cuenta el investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Darwin Franco Migues, quien enfatiza que no en todos los casos los niños raptados son asesinados. Por eso es importante una investigación científica, enfocada a la prevención e intervención de zonas de alta incidencia.
En total, la Fiscalía General del Estado de Jalisco ha localizado a mil 253 menores. Son 743 mujeres y 510 hombres, según publicó el portal especializado Zona Docs. Darwin Franco cree que la estadística, por sí sola, no sirve para arrojar patrones. Se desconoce si los asesinatos fueron perpetrados por familiares o desconocidos; o en qué municipios hay focos rojos.
“A pesar que la Fiscalía tiene un porcentaje mayor al 50 por ciento en localización de menores, no hay información sobre las causas por las que desaparecieron estos menores, qué tipo de robo, si fue trata de menores, si huyeron de sus casas”.
Además la Fiscalía no está aportando datos sobre cuáles municipios tienen focos rojos en Jalisco en desaparición de niñas y niños.
“A partir de la información que he recuperado con las propias familias, tiene que ver con colonias limítrofes en Tlaquepaque y Tonalá. Como la Colonia Jalisco, como Colinas de Tonalá. Pero a ciencia cierta la autoridad no las especifica de manera concreta”.
Franco Migues apunta que es importante conocer los modus operandi, porque eso ayudaría a que las autoridades y la sociedad construyan mecanismos de prevención. Además que la desinformación nutre al imaginario colectivo con teorías conspiratorias y alienta la psicosis.
María Antonia Chávez Gutiérrez, investigadora del Departamento de Desarrollo Social de la UdeG, considera que sería interesante saber qué se está haciendo en las procuradurías de la infancia en el estado, y en el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
“¿Cuáles son sus compromisos? ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo van a garantizar que los padres puedan sentirse tranquilos en un país como el nuestro? En un estado como Jalisco. El primer derecho es a la vida. Pero creo que eso no lo estamos haciendo actualmente”, cuestiona.
El reportero solicitó entrevistas a través de funcionarios de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado, de la representación en Jalisco del Sipinna y de la Procuraduría estatal de la Defensa del Menor y la Familia, para conocer sus números y las acciones que están realizando para la prevención y protección de los infantes. No hubo respuesta a la petición.
Alerta Amber y protocolos limitados
La alerta y el protocolo Amber de poco sirven como están planteados actualmente. Franco Migues explica que la misión de Amber es emitir fichas de búsqueda, pero no lo hacen. Tradicionalmente se han limitado a publicar los rostros y características de los menores extraviados.
“En la base de datos de Alerta Amber de este año, sólo tienen dos fichas de búsqueda y en contraste se han presentado más de 100 denuncias por desaparición de niños en 2020”, alerta Franco Migues.
Juan Martín Pérez García, director de Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM), también declaró en una entrevista radiofónica que la Alerta Amber es insuficiente.
“Se engaña a la gente con la Alerta Amber, suponiendo que al emitir la Alerta Amber se está buscando, pero este es un pedido de auxilio, que es como salir a gritar a la calle, eso no es un mecanismo de búsqueda; el mecanismo de búsqueda incluiría cámaras, sábanas de llamadas, patrones de desaparición”, señaló Pérez García a la periodista Guadalupe Juárez.
Otra preocupación es que no existen normas en Jalisco con reglas o protocolos para actuar en caso de que los padres de familia no lleguen a recoger a los alumnos, situación que derivó, por ejemplo, en el asesinato de la niña Fátima en la delegación Tláhuac, consideró David Coronado Arias.
“El secretario de educación Juan Carlos Flores Miramontes declaró que cada plantel las determina, que depende de cada director de escuela. ¡Eso es una aberración!”, lamenta Coronado.
Sin compromiso ni información científica
La mañana del 10 de diciembre de 2019, en un terreno baldío, fue localizado en una brecha del fraccionamiento Los Agaves, en Tlajomulco, el cadáver de una adolescente de 14 años. Entre el hierbajal seco, tirada boca abajo, la chica presentaba huellas de maltrato y violencia sexual.
Basta un seguimiento hemerográfico para darse cuenta que Tlajomulco es uno de los municipios de mayor incidencia en desaparición y asesinato de menores. Sin embargo, aunque existen datos y estadísticas, no se están utilizando de manera científica para diseñar políticas públicas de prevención en favor de las niñas y niños, señalan los especialistas consultados.
Darwin Franco apunta que la Fiscalía del Estado no parece utilizar la información que tiene para realizar operativos especiales en los focos rojos de alta incidencia.
“Esto deriva en un problema de impunidad, porque si no se investiga, no se detiene a nadie y no se castiga”.
Antonia Chávez agrega que en las estadísticas oficiales no aparecen desagregados los datos de niños y niñas. Ni siquiera por zonas geográficas. Ni tampoco los perfiles, ni los delitos relacionados, lo cual sería valioso en el seguimiento y la prevención.
“Definitivamente, mientras no exista una agenda concreta, una agenda política garantizando los derechos de la infancia, las situaciones de violencia se van a seguir agudizando. Obviamente el sector de la infancia es un sector que por sí mismo no puede establecer ninguna defensa y que corresponde en primera instancia al estado y luego a la población adulta que les garanticemos la seguridad y el cumplimiento de sus derechos. Pero no vemos ese compromiso de las autoridades”, concluye Chávez Gutiérrez.
