Con 15 mil 29 personas desaparecidas Jalisco es el epicentro de esta problemática en México: privan la falta de voluntad política y la búsqueda efectiva, la transparencia y el combate a la impunidad; en contraparte, los colectivos de familiares hacen el trabajo que rehúsan los gobiernos.
Lo anterior, lo destacaron especialistas en el marco del “Foro sobre Seguridad y Desapariciones Forzadas” organizado por el programa Jalisco a Futuro para abordar los problemas críticos de la entidad.
El Director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED), César Omar Avilés González, destacó la relevancia del foro. “De las razones y causas que motivan las desapariciones forzadas y cometidas por particulares; es una realidad atroz que cuesta entender”, explicó.
Para la Coordinadora del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición Forzada, Carmen Chinas Salazar, no hay voluntad para atajar el problema, que en la actual administración estatal se duplicó.
“Hay una tendencia que es la falta de voluntad política; es difícil pensar en una solución de corto plazo que, aunque no surge en el actual gobierno, la mitad de los desaparecidos ha sucedido en el actual gobierno; nada nos lleva a pensar que hay una solución”, explicó.
Pese al esfuerzo del gobierno estatal para detener el incremento de las desapariciones en los últimos tres años, el problema forma parte el Estado debido a su colusión con la delincuencia organizada, de acuerdo con el profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCSH, Humberto Darwin Franco Migues.
“La desaparición requiere una complicidad con las autoridades. Es un delito de lesa humanidad, personas que lo cometen y existen condiciones de seguridad que generan un terreno para que ocurra; existe un sistema que permite que esto ocurra”, precisó.
El Jefe del Departamento de Sociología CUCSH, Jorge Ramírez Plascencia, llamó la atención sobre un Estado coludido y cooptado por las redes criminales cómplices.
“Detrás del problema están las redes de complicidad de pequeñas y grandes redes, donde la desaparición de personas tiene como objetivo obtener renta, ganancia; y donde el exterminio es el costo de la ilegalidad; pero, al final, la desaparición es una inversión”, detalló.
El periodista independiente Rubén Martín, enfatizó que la estrategia del gobierno estatal es el control de daños de las desapariciones, no su atención.
“Es un tema político que mancha sus aspiraciones electorales; por ello, borra y criminaliza a los desaparecidos e impide la búsqueda al cortar las fichas y su búsqueda”, precisó.
El problema de las desapariciones en Jalisco y México alcanza la magnitud de una crisis humanitaria, denunció Ramírez Plascencia.
“Esto significa que los estados ya no son capaces de detener una situación de emergencia generalizada, son incapaces de controlar el fenómeno producido por la violencia de distintos tipos en el país”, describió.
Pasado y presentes de la desaparición de personas
Chinas Salazar dijo que el contexto de la desaparición forzada se origina en la persecución política de las dictaduras del siglo XX en América Latina, aunque en la actualidad cualquiera puede ser víctima de este delito.
«Actualmente, toda persona puede ser un desaparecido, entendido como lo dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional 2002, caracterizada por la falta de reconocimiento del gobierno o de información del paradero de la persona ausente”, declaró.
Franco Migues planteó una ruta del posible que el crimen organizado da a la desaparición de personas; uno de estos usos es el simbólico, como estrategia de los grupos criminales. Es decir, “mandar un mensaje de poderío y fuerza al Estado y a otros grupos criminales”.
Además, están la articulación de negocios que operan de manera lícita o ilícita que emplea a las personas desaparecidas para su funcionamiento; personas desaparecidas para el combate armado con otros grupos, y desaparición de niños y mujeres para la trata de personas con fines de explotación sexual.
