En aras de comprender el impacto en las vidas humanas por motivos de violencia, académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) identificaron que al año en Jalisco ha habido más víctimas de masacres que en todo Estados Unidos de América (EUA).
Durante 2018, en nuestra entidad se registraron 237 víctimas, mientras que en EUA hubo 217. En 2019, Jalisco tuvo 268, y en el país vecino 255; mientras que en 2020 las cifras son 196 y 185, respectivamente.
En lo que va de 2021, de enero a marzo, 75 personas se registran como víctimas en Jalisco y 79 en EUA.
Esto como parte del análisis “Escalamiento de violencia en Jalisco a niveles de violencia masiva: masacres y desapariciones en México”, hecho por el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas del CUCSH.
Y aunque las y los académicos comprenden que las vidas de las personas no son medibles, sí reconocieron que:
la violencia en la entidad ha escalado hasta un contexto sin precedentes.
“Se dan prácticas de asesinato en masa, exterminio y genocidio”, detalló el jefe del Departamento de Sociología del CUCSH y Coordinador del comité, Jorge Ramírez Plascencia.
“Son tan frecuentes e insólitos los hechos de sangre que están ocurriendo en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Colima, que se pierde de vista su significado y su íntima conexión en una misma dinámica de violencia extrema”, indicó.
Externó que los grupos criminales tienen la capacidad de influir en la opinión pública, amenazan y asesinan a periodistas y diversifican su actividad más allá del tráfico de drogas.
“Están enfrascados en una guerra contra organizaciones delictivas, otros agentes del Estado y contra la población civil, todo esto con la complicidad, anuencia, impotencia e indiferencia de los distintos órdenes de gobierno”, recalcó.
La autora de la investigación, Carolina Ojeda Aldrete, dijo que las masacres, homicidios dolosos, fosas clandestinas, métodos brutales, asesinatos, destrucción de cuerpos y los desplazamientos forzados configuran un solo patrón de violencia masiva que ha llegado a niveles insospechados de crueldad.
“En 2020, prácticamente la mitad de las masacres, fosas clandestinas, personas desaparecidas y un tercio de los homicidios dolosos (a nivel nacional) se produjeron en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Colima”, detalló Ojeda Aldrete.
Sobre si la violencia impacta igual a hombres y mujeres, expresó que los hombres suelen estar más presentes como víctimas del crimen organizado; “sin embargo, un tercio son mujeres en estas formas de violencia extrema”.
Añadió que dichos datos han sido recabados a partir de respuestas, vía transparencia, de la Fiscalía General de Jalisco, la Secretaría de Gobernación y análisis de medios de comunicación. Coincidieron que es difícil hacer estadísticas, pues las instancias gubernamentales no tienen datos homologados.
Carmen Chinas Salazar, integrante del comité, explicó que el origen de esta violencia es una guerra abierta entre organizaciones criminales que están empleando cualquier recurso para cumplir su propósito.
“Incluso, asesinan a inocentes como medio de señalización de su brutalidad o de reclutarlos a la fuerza como soldados de reemplazo en sus brazos armados”, subrayó.
“Evidencia firme apunta a que un número indefinido de desaparecidos tienen como propósito el reclutamiento forzado de combatientes necesarios para continuar la disputa territorial en varios municipios de la región”, denunció Chinas Salazar.
Recordó que en el resto de Latinoamérica la mayoría de las desapariciones están relacionadas con las dictaduras militarizadas, mientras que en México es por el crimen organizado.
Los académicos coincidieron en que fue a partir de 2007, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, que se desencadenó la espiral de violencia al emprender la llamada guerra contra el narco. “Es una tendencia, y hemos encontrado una agudización del problema”, refirió Ramírez Plascencia.
Concluyeron en que los grupos criminales no conocen los límites del horror, lo que se ha documentado ha sido fuera de serie y la sociedad se ha acostumbrado a ello, pero –lo peor– la autoridad no reacciona.
Sobre el pendiente urgente de la Ley de Personas Desaparecidas en Jalisco, explicaron que aún falta instrumentarse a partir de un presupuesto, con la autoridad comprometida y con personal capacitado. Dijeron que por parte de la UdeG, ésta ha fungido como organismo vigilante en el proceso de discusión y ejecución de la ley.
