Una persona sube a una combi en la carretera Texcoco-Lechería e intenta amedrentar a los pasajeros para asaltarlos: “A ver hijos de su puta madre, ya se la saben”. Súbitamente, el guión —al que seguramente estaban acostumbrados quienes viajan en este medio de transporte donde ocurren atracos todos los días— da una vuelta de tuerca y las víctimas se convierten en victimarios.
Los pasajeros propinan patadas y puñetazos al asaltante que se retuerce violentamente. Lo desnudan y tiran al suelo su cuerpo molido a golpes. Mientras se queja entre jadeos, otro pasajero se mofa: “Ahí está la rata”:
El juicio sumario y la ejecución de la condena se viralizaron en redes sociales. Los usuarios celebraron que el villano haya recibido “su merecido”. La sociedad, descontenta por la ineficacia de las autoridades suele aplaudir la aparición de justicieros.
Todo esto refleja un retroceso a la barbarie, a la época en que la venganza privada era admitida. Y no sólo eso, sino que también es una suerte de Ley del Talión, pero distorsionada, considera Gabriel Abelardo Mercado Barrera, asesor de la licenciatura en Seguridad Ciudadana del sistema UDGVirtual.
“Este tipo de eventos donde la víctima tiene una posibilidad de hacerse justicia por mano propia, es una involución. En las etapas históricas de la evolución de las penas que se han impuesto socialmente hablando, la venganza privada que hoy vemos es de las más primitivas. Después de esto siguió la venganza pública, la venganza divina, el periodo humanitario y finamente el período científico y moderno. Claro que es una involución, aunque a la víctima pudiera saciarle en ese momento, es un retroceso a la barbarie”, reflexiona Mercado Barrera.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México se han cometido este año mil 886 robos en transporte público y en el Estado de México 3 mil 402.
Sin embargo, el académico dice que “existe desproporción en el castigo. Si nos vamos a la Ley del Talión, esta moderaba la pena que debe recibir el victimario. Si robabas tenias castigo severo, pero proporcional, y ahora se le sentencia a muerte de forma sumarísima, en el acto se condena y ejecuta y lo dejan al borde de la muerte. Superamos a la Ley del Talión. La víctima se convierte en victimario, pero infringe un daño superior al que pudiera sufrir. No se compara un robo a la golpiza que recibe el asaltante o a privarlo de la vida”.
Un documento publicado en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reportaba en 2018 un incremento en los linchamientos de 190 por ciento con respecto a 2018, al sumar 174 casos. Y la tendencia en 2019 seguía al alza.
Para Mercardo Barrera, esto es un hecho lamentable que vulnera el estado de derecho, aunque derivado del hartazgo social ante la ineficacia en las autoridades por impartir justicia.
“La difusión en redes sociales multiplica el efecto y genera una opinión generalizada de que supuestamente así se debería tratar a delincuentes en flagrante delito. Esto nos debe preocupar a los estudiosos del derecho y autoridades, porque refleja una ineficacia absoluta. Estas situaciones se viralizan de manera inmediata y generan una sensación de que todo mundo debe hacerse justicia por mano propia.
¿Se corre el riesgo de que esto hechos alienten a que la gente se atreva a andar armada para defenderse, lo cuál es una exigencia de ciertos sectores desde hace años?
Existe el riesgo, pero en el estado de derecho eso es inaceptable, porque en el contrato social las atribuciones de procuración e impartición de justicia se confieren a la autoridad. Ante la ineficacia absoluta de autoridades en satisfacer ese reclamo, la gente piensa que eso es viable. Pero insisto: es un retroceso.
Es complicado porque estos justicieros generan simpatía y lo gobiernos no pueden tener un policía en cada combi. ¿Qué debería hacer la autoridad?
La autoridad debe pensar en fortalecer las estrategias de prevención del delito. Es cierto lo que comentas, es imposible tener un policía en cada camión, combi, tiendita o esquina. Construir una adecuada política criminal y de prevención de delito es lo que se debe buscar, evitar las situaciones susceptibles de convertirse en delitos reduciría la incidencia.
El experto recomienda además mayor inversión en tecnología y capacitación en videovigilancia que permita que ante las sospechas de comisión del delito se dirijan las baterías de la corporación policial.
“Si se tuviera una varita mágica ya se habría implementado, pero la autoridad tiene esa responsabilidad y quienes desempeñan esos cargos asumen el reto y no pueden escudarse con que la situación se ha desbordado y nada se puede hacer. Si es así entonces que no proteste el cargo. Y si va a aceptar el nombramiento se comprometa a buscar soluciones y alternativas y evitar la comisión de los delitos para recuperar la confianza del ciudadano: Es una agenda urgente”, concluye.
