La situación de habitabilidad del planeta es grave, como muestra un diagnóstico realizado por distintos organismos nacionales e internacionales que apunta hacia su degradación cada vez mayor en los distintos ámbitos, lo cual se traduce en un riesgo para nuestra supervivencia.
La escasez del agua para consumo humano es un ejemplo de ello, ya que afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. EN cuanto a México, ocho de las 13 regiones hidrológicas del país padecen estrés hídrico.
Por su parte, la Organización Mundial Meteorológica advierte que el aumento de olas de calor, sequías e inundaciones ya ha superado los umbrales de tolerancia de las plantas y los animales, y ha provocado la mortandad en masa de diversas especies, como árboles y corales. Debido a estos fenómenos, millones de personas han quedado expuestas a una situación de inseguridad alimentaria e hídrica aguda.
Estos son focos que nos anuncian que pueden aumentar las catástrofes que se han vivido en los últimos años.
Hace unos días el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), publicó su último informe, donde advierte la urgencia para tomar medidas en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) con la finalidad de disminuir el calentamiento global.
Los expertos del Panel Intergubernamental señalan que de 2010 a 2019 las emisiones globales promedio de GEI estuvieron en sus niveles más altos en la historia de la humanidad, y sugieren que para limitar el calentamiento global se deben hacer transiciones importantes en el sector energético, lo cual implica una reducción sustancial en el uso de combustibles fósiles, ampliar el acceso de electricidad, mejorar eficiencia energética y el uso de combustibles alternativos, tal como el hidrógeno.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló recientemente que “a menos que todos los gobiernos cambien sus políticas energéticas, el planeta será inhabitable«.
Ante este escenario resulta incomprensible la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que está en discusión en la Cámara de Diputados, donde analistas han señalado la prevalencia de la generación energética mediante los combustibles fósiles, que discrepa con los diagnósticos y compromisos ambientales que México tiene a nivel mundial.
Tal como señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), uno de los grandes cambios de esta iniciativa se relaciona con establecer como prioridad a las plantas de la CFE para inyectar electricidad a la red, las cuales usan combustibles caros y contaminantes; asimismo, considera contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física asociados a una fecha y hora, medida que imposibilita cumplir a los generadores de energía eólica o solar, debido a que su producción es variable.
Ante este escenario ¿cómo contribuir a la mitigación del cambio climático, cuando no están en el centro de la discusión de la política pública del país los llamados de los organismos internacionales? Los compromisos gubernamentales no pueden ser sólo parte del discurso, la degradación del planeta nos ha dado muestras de lo implacables que pueden ser las catástrofes que se viven cada año, pero al parecer, es más fácil adaptarse a estos desastres que buscar soluciones para garantizar la calidad de vida de las niñas, niños, jóvenes y adultos. El desafío sigue en el aire pues es patente la falta de interés por establecer un compromiso serio con el planeta al persistir un estado de simulación, lejos de la acción.
TEXTO: Ruth Padilla Muñoz
María del Rosario López Moguel
