Introducir la pena de muerte en México no reduciría los índices de criminalidad. Estos continuarán en aumento mientras existan las condiciones favorables: falta de organización en el sistema de seguridad, impunidad y escasa educación cívica, afirmó Felipe de Jesús Garibay Valle, académico del Departamento de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUSH).
El jurisconsulto afirmó categórico: “La pena de muerte no va a poderse imponer. México suscribió el Tratado de San José. Al ser aprobado por el Senado quedó elevado a rango constitucional. La pena capital está proscrita en el país. Si se respetan los procedimientos esto es irreversible. Es cierto que los estados son libres de legislar en cuestiones generales de delito, pero tienen que sujetarse a la Constitución. La pena de muerte no puede incluirse en un código penal si ésta no lo contempla”.
El académico fue entrevistado a unos días que iniciara formalmente el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en la Cámara de Diputados (diciembre 9, 2008). El debate es impulsado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quien plantea la realización de foros nacionales.
Al respecto, Garibay Valle opinó que el Partido Verde Ecologista quiere hacer una política electorera. Quiere canalizar en votos el miedo que la colectividad tiene al delito, “pero la verdad eso es aberrante, va en contra de los derechos humanos. Nadie tiene la facultad de quitar la vida a otro. Hay quienes matan a un ser humano, pero esta acción no tiene por qué ser oficial. El estado de derecho implica el respeto por la vida humana. La Constitución debe garantizarlo”.
La pena de muerte no incide en una disminución en el número de hechos delictivos. Los que planean cometer un delito nunca creen que serán detenidos y castigados. Esta forma de pensar es reforzada por la corrupción que impera en algunos ámbitos. “Quien delinque piensa que puede llegar a un arreglo con la policía o el Ministerio Público o con el juez o con el magistrado. Eso ocasiona que el temor disminuya a lo que pueda suceder. Hay una liberación de la conducta y una actuación de frente”.
No es lo adecuado
La corrupción e ineficiencia que hay en el sistema judicial impiden que la pena de muerte sea la gran solución para terminar con la delincuencia, coincidió David Coronado, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Violencia, del Departamento de Sociología, del CUCSH.
Agregó que la pena de muerte no es la respuesta efectiva a una sociedad acosada por el delito. Un peligro que entraña es su irreversibilidad. Si hay una equivocación de la justicia y posteriormente se sabe que esa persona es inocente no hay ya forma de remediar el error.
En una sociedad donde los individuos están acostumbrados a regir su conducta de acuerdo a valores estéticos que no tienen más soporte cultural que la inmediatez y el capricho y donde el sujeto es la medida de las cosas, la pena capital no es una alternativa viable.
Hay que considerar la ineficiencia del sistema judicial. “Las cárceles están llenas en su mayoría de pobres; quien no tiene recursos económicos es más probable que lo metan en prisión y México es un país de pobres; entonces, de aprobarse la pena de muerte, mucho me temo que estaría teñida por este factor”.
El académico no descartó la posibilidad de que la pena capital pudiera utilizarse para desaparecer a algunas personas incómodas. “Ese sería uno de los peligros que no puede dejar de considerarse”. Puede convertirse en un arma política.
Cancelación de todo proyecto
“La muerte es cancelación de todo proyecto. Es el espacio y el tiempo que ya no pueden ser recuperados. Es la pérdida total de toda posibilidad de enmienda y de reparación del daño hecho a otros y la imposibilidad de reconstrucción de un sentido o un significado de la vida”, afirmó Miguel Agustín Romero Moret, jefe del Departamento de Filosofía del CUCSH.
Señaló que crímenes como el homicidio ocasiona que los afectados por la pérdida de algún ser querido quieran penas máximas para los criminales. La venganza no es un valor, es un antivalor.
La justicia es aliada del orden, de la ley. Los tres son vértices de un triángulo que permiten la armonía social. “La venganza y la justicia son dos posturas opuestas y excluyentes”.
El investigador señaló que una solución al problema de la delincuencia y la violencia es que los criminales cumplan condenas orientadas a reparar el mal cometido, en la medida de lo posible. “Esto significaría modificar los sistemas de prevención y de restauración de las conductas sociales. No están dadas las condiciones para que esto suceda porque las maneras como los criminales purgan sus sentencias en lugar de convertirse en una dinámica de restauración de un proyecto y de resarcir el daño hecho son escuelas del crimen”.
Privan de la vida
los países en los que existe la pena de muerte son: Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Vietnam, Japón, China, India, Botswana, Zambia, Afganistán, Indonesia, Líbano, Palestina, Irak, Irán, Kuwait, Bielorrusia, Arabia Saudi, Egipto, Sudán, Somalia, Haití, Cuba, Jamaica, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago, Belice, Guyana, Libia, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Ghana, Nigeria, Camerún, República Democrática del Congo, Burundi, Tanzania, Zambia, Corea del Norte, Corea del Sur, Mongolia, Taiwán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán, Líbano, Palestina, Jordania, Bahréin, Qatar, Yemen, Omán, Emiratos Arabes, Pakistán, Bután, Bangladesh, Laos, Tailandia, Camboya, Singapur, Kirquistán.
