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Hace aproximadamente 20 años, el fenómeno empezó a estudiarse con una nueva mirada debido a la notable desigualdad que existía entre hombres y mujeres, afectando de maneras distintas a los diversos sectores de la población
Datos del Centro de Investigación en Política Pública, publicados en el año 2024, revelan que en México el 37 por ciento de las mujeres viven en situación de pobreza, es decir 24.8 millones de mujeres no cuentan con ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios básicos, además de contar con al menos una de las seis carencias sociales: educación, servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Si bien la cifra no difiere mucho con la población masculina, la situación de pobreza afecta a las mujeres por factores ligados al género.
Martha Verónica Guerrero Aranda, académica de la División de Estudios Sociales y Económicos, del Centro Universitario de la Costa Sur, indicó que “la pobreza pudiera entenderse igual para hombres y para mujeres, sin embargo, se ha podido identificar que las mujeres y niñas enfrentan mayores barreras económicas”.
Mencionó que se han identificado diversos factores que afectan directamente la economía de las mujeres, por ejemplo, la brecha salarial, en donde las mujeres perciben menos recursos económicos que los varones por la mismas condiciones laborales, la no remuneración del trabajo doméstico o de cuidado, afectando su vida económica, la falta de oportunidad para desempeñar carreras ligadas a la mirada masculina, además, la violencia de género que no permite que las mujeres se desarrollen laboralmente y la autogestión de sus recursos.
En los últimos años, se ha podido visualizar un avance en políticas públicas que favorecen a las mujeres en situación de pobreza, sin embargo, existen todavía diversos caminos que recorrer.
“Las políticas muchas veces reafirman los patrones culturales que siguen persistiendo en la sociedad, pero si abordasemos con perspectiva de género, por ejemplo, la brecha salarial, se vería en las empresas, favoreciendo la contratación de mujeres, integrándose de manera más formal al campo laboral.
«La mayoría de las mujeres que laboran se encuentran en microempresas o en campos informales, esto debido a que no son sustentadas con programas que satisfagan sus necesidades, tales como guarderías, comedores y apoyos para adquirir alguna propiedad”.
Uno de los factores que deben ser impulsados, tanto por la educación social como por las políticas públicas, es la autonomía económica de las mujeres. Esta se podría definir como un mecanismo para lograr un mayor margen de libertad en la toma de decisión, sin embargo, las mujeres en pobreza son quienes más carecen de ella; ya que son cuatro veces más propensas a tener un empleo sin salario en comparación con otras mujeres.
Por ahora, los avances han sido pocos y el camino todavía cuenta con bastantes áreas de oportunidad para evitar que las mujeres sean confinadas a la desigualdad social.
El gobierno, indicó, ha impulsado programas de apoyo para madres solteras, mujeres estudiantes y de la tercera edad, sin embargo, estos no son suficientes y continúan rezagando a una gran cantidad de mujeres y niñas en nuestro país.
“Se han logrado avances que favorecen la autonomía de las mujeres, tales como la legalización del aborto, que abre la posibilidad a las mujeres de ejercer su autonomía, también la integración y posicionamiento de cientos de estudiantes a carreras que han sido siempre dominadas por hombres, sin embargo, faltan varias cosas, uno de los avances más significtavos sería la renumeración de los cuidados y el trabajo doméstico”, apuntó.
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