La privatización del agua es una realidad. Ante la escasez y la alta demanda se ha vuelto un bien preciado y objeto de ambiciones. Esto se refleja tanto en el acaparamiento de grandes empresas, por ejemplo, las refresqueras, o en la concesión de los servicios de abasto y saneamiento.
No obstante, la privatización de los servicios de agua y saneamiento no es la solución, cuando aquellos que reciben las concesiones solo tienen en mente maximizar la utilidad; pero que los gobiernos se encarguen de estas tareas tampoco es garantía de eficiencia, pues se opta por perfiles políticos y no técnicos, consideró Arturo Gleason Espíndola, investigador del CUAAD.
El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Además de recurso fundamental para la sobrevivencia humana y la calidad de vida y el bienestar, la industria y los alimentos dependen de su abastecimiento y gestión adecuada.
«Los servicios públicos en algunos modelos y contextos particulares, son otorgados por el Estado a una empresa privada, concesionados, para usufructuar de ese servicio público y con ello se plantea que se ayuda al Estado y habrá eficiencia. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre cuando un ciudadano puede agarrar un camellón y limpiar y arreglar el pasto, eso es loable», explica el académico.
«Pero en el contexto mexicano el tema de lo privado no siempre ha tenido espíritu de colaboración o de coadyuvar a un bien común».
«A los privados se les ha endosado la gestión del problema y los alcances de sus servicios son limitados, pues el problema viene de una situación más profunda», reflexiona Gleason Espíndola.
El especialista explicó que las últimas administraciones han carecido de experiencia técnica y de profundidad, y eso no tiene que ver con cuestiones de iniciativa privada, sino de voluntad política.
«Quienes son responsables de los servicios deben hacer el trabajo como se debe, reconociendo que el Estado tiene la rectoría del vital liquido. Pero al privatizar servicios de agua el estado ha sido irresponsable por no asumir liderazgo moral y técnico», indicó.
Gleason Espíndola recuerda el caso mexicano. La extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos tenía un sistema de medición, pero luego se optó por adelgazarla y luego, con la llegada de Conagua, delegaron ese sistema a proveedores y los técnicos experimentados fueron despedidos para dar contratos a privados.
«Los servicios de agua y saneamiento no son un paquete que se deba dar a ojos cerrados. Conocemos dos casos: Saltillo y Playa del Carmen, donde ha sido un fiasco».
«No porque cambie a manos privadas va a mejorar la cosa. Siguen la mismas deficiencias, las mismas mañas y la corrupción, y alguien es quien usufructúa».
«Otro caso internacional, en Cochabamba, detona la guerra del agua. Esos modelos quieren entrar a fuerzas a América Latina, pero cobran más y como operan con lógica empresarial, se va a querer maximizar la utilidad», apuntó Gleason.
Y añadió: «No debemos ver como enemigos ni al sector privado o público. La misión del privado es loable, generar empleos, negocios y si se hace de forma ética es fabuloso. No hay que satanizar, pero también hay gente abusiva que usa el poder público para fines particulares. Un caso paradigmático es el inmobiliario, el uso de suelo esta bajo la rectoría del estado, pero han encontrado la forma de modificarlo para edificios grandes donde no se debe. Ahí es un ejemplo de situaciones anómalas en ambos sectores».
Indicó que también en México el Estado ha dejado mucho que desear, porque quienes llegan a la política no son los más preparados, llega gente sin conocimientos, a improvisar.
“Hay una vocación de ambos sectores, si ambos lo entendieran colaborarían y no tendríamos los vicios de las alianzas corruptas entre privado y público, que luego traen inequidad y la gente es la que paga los costos”.
Respecto al caso de las refresqueras o industrias que acaparan gigantescas cantidades de agua, señaló que un gran problema es que la autoridad no conoce a ciencia cierta si se cumple con los volúmenes de extracción por falta de un sistema de medición, o simplemente porque Conagua no ejerce sus atribuciones de vigilancia.
De acuerdo con las cifras de las mismas refresqueras, se requieren 35.4 litros de agua para producir medio litro de la bebida. Tan sólo las empresas Coca Cola y Pepsi extraen anualmente 55 mil y 32 mil millones de litros de agua, según cifras de la Conagua, pero existen dudas sobre si esta Comisión ejerce sus facultades de supervisión.
«Así como puedes ver en tiempo real en tu cuenta de banco para saber cuánto puedes gastar y cuánto ahorrar y cómo repartirlo, ese sistema de medición en el agua no existe en el país, al menos no con la cabalidad y profundidad para toma de decisiones».
«Esa falta de información provoca falta de transparencia y desorden y anarquía».
«Hay quienes sacan agua en empresas y eso no lo sabe ni CONAGUA, ni los organismos públicos descentralizados locales. O hay quienes tienen concesiones y sacan más pero nadie los monitorea. Existe tecnología para hacerlo y no lo hacen. El talón de Aquiles es la medición. Pero hay gente que le conviene la oscuridad”, concluyó.
