El gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón, ha perdido la brújula en materia de seguridad y las estrategias con las que enfrenta el crimen organizado, como militarizar el país, están agotadas, indicó Marcos Pablo Moloeznick Gruer, investigador del Departamento de estudios políticos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara, en la presentación del programa del Congreso internacional: “Retos y perspectivas de la seguridad pública en México”, realizado en el Centro Universitario de los Altos (CUAltos), del 18 al 20 de noviembre.
El analista en seguridad reveló cifras de la grave situación que vive el país en la materia, como las casi seis mil víctimas que han muerto de manera brutal por el crimen organizado en los dos años de Felipe Calderón, cuando en el gobierno de Vicente Fox (2000 a 2006) fueron siete mil.
“El signo de los tiempos es la violencia y la brutalidad. Estamos frente a la pérdida del espacio público, en el cual el gobierno federal ha perdido su soberanía. Hay enormes espacios que son ‘tierra de nadie’, en los que impera la violencia por parte de los criminales. El eje articulador de la política en materia de seguridad de Felipe Calderón ha sido utilizar la fuerza militar, pero ‘la violencia se alimenta de violencia’, y esto ha llevado al fracaso del actual gobierno con esa manera de encarar el problema”.
El investigador universitario comentó que una de las causas de la exacerbada criminalización en México fue sin duda “la herencia maldita de Vicente Fox”, ya que durante su mandato miles de miembros del Heroico Colegio Militar pasaron a engrosar las filas del crimen organizado. “De los 191 mil efectivos que había en la Secretaría de la Defensa Nacional, 123 mil efectivos desertaron en ese lapso, muchos que pasaron a las órdenes de los narcotraficantes”.
Respecto al Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, signado el 21 de agosto por las autoridades federales, estatales y los tres poderes de gobierno, en respuesta a los altos grados de impunidad alcanzados por la delincuencia dentro del país, que estuvo integrado de sesenta y cinco compromisos, cada uno a cumplirse en distintos plazos, y que este 29 de noviembre cumple sus primeros 100 días, Moloeznick Gruer mencionó que “no hay nada nuevo bajo el sol; son acuerdos que por obligación deben cumplir las autoridades”.
“Los tres poderes tienen responsabilidad en resolver este asunto. El poder Judicial ha recibido un gran apoyo y debe rendir cuentas en materia de seguridad, ya que los jueces y magistrados tienen culpa de que 93 por ciento de los delitos en México no sean castigados. Además, las mismas entidades federativas tienen que resolver sus problemas de seguridad. Si el gobernador de un estado no puede resolverlas, como dijo uno de los empresarios afectados, que renuncie”.
Otra causa que el especialista en seguridad por la Universidad de Guadalajara destacó como grave, es también el hecho de que los verdaderos delincuentes, muchos de ellos de cuello blanco, nunca son tocados por la policía; en cambio, sólo castigan a los grupos más vulnerables, es decir, los más pobres. Además, agregó, la pirámide está invertida, porque los graves delitos, como los crímenes y secuestros, los persiguen de igual manera como quien tiene que robar para alimentar a su familia.
En el Congreso participaron analistas de seguridad como el director de la maestría en seguridad hemisférica, de la Universidad de El Salvador, de Argentina, y el Colegio Interamericano de Defensa de Washington, D.C., José Gabriel Paz, así como el jefe de la policía de Nuremeberg, Alemania, Gerbard Schlí¶g, entre otros.
