La licenciatura en Ciencias Forenses, ofertada por los centros universitarios de Tonalá (CUTonalá) y de Ciencias de la Salud (CUCS) forma estudiantes que se incorporarán a equipos forenses para fortalecer la impartición de la justicia en México y en Jalisco, en un clima caracterizado por homicidios, desapariciones e impunidad.
La jefa del Departamento de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas Afines al Derecho del CUTonalá, Denisse Ayala Hernández, explicó que la violencia e inseguridad en nuestro país exigen la oferta de un programa académico que aporte soluciones en este contexto.
“La realidad nos interpela para ofertar una carrera estratégica y pertinente. La visión de la Universidad de Guadalajara, al formar equipos forenses, busca poner en juego todos los alcances éticos y políticos en un presente que ya de por sí es muy difícil”, dijo la académica.
Ayala Hernández desestimó la apuesta de formar científicos forenses al ritmo de la violencia generada en el país.
“Lo que sí debe de hacer es el fortalecimiento, la búsqueda de un horizonte y de una luz que nos hagan pensar en cómo mitigar la violencia a través del fortalecimiento de la impartición de justicia en el país y el Estado”, propuso.
Los alumnos, activos en el aprendizaje
Los estudiantes también contribuyen al proceso de formación y análisis del contexto en el que viven y que dan materia para sus estudios con congresos de alumnos de ciencias forenses.
“Constantemente están tocando temas relacionados con las ciencias forenses desde el ámbito social. Por ejemplo, tienen un esquema de podcast de radio llamado ‘Conciencia forense’, una iniciativa de ellos impulsada con el apoyo del claustro de profesores”, destacó.
Otro proyecto es el desarrollo de una granja forense, con la que intentan generar prácticas innovadoras para aprender sobre la descomposición de organismos enterrados o expuestos.
“La iniciativa responde a una iniciativa de los estudiantes interesados en el tema de las fosas clandestinas y los cuerpos de personas fallecidas sin identificar con fines prácticos de búsqueda, localización, acordonamiento y localización para la recolección de restos” explicó.
Por egresar la primera generación de científicos forenses
En el país son tres las instituciones públicas que ofertan la licenciatura en Ciencias Forenses: la UNAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la UdeG.
En junio del presente año egresará la primera generación de 57 estudiantes de la carrera en Ciencias Forenses que tiene matriculados a 436 estudiantes, 234 inscritos en el CUTonalá y 202 en el CUCS; un promedio de 60 alumnos han ingresado semestralmente desde agosto de 2018.
La carrera cuenta con un espectro de formación curricular con tres terminaciones formativas: uno es el campo biológico, que incluye conocimientos sobre genética, identificación de ADN, pruebas de laboratorio, entre otros; dos, el campo social, que contempla el estudio de la sociología criminal, las causas del comportamiento criminal y su contexto; y tres, el campo de la información, que engloba seguridad informática, realidad virtual y simulación.
El campo laboral de los egresados como peritos en las tres terminales es en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco y Atención a Víctimas, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ); instituciones donde la UdeG tiene convenios de colaboración para la realización de prácticas profesionales.
Otros campos laborales se abren para los estudiantes no sólo en la esfera pública, también en las instituciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada, donde pueden desarrollar sus habilidades para contribuir en los procesos judiciales.
Desde el arranque de cursos en el calendario 2018-B, el plan de estudios ofrece conocimientos científicos, multidisciplinarios y con habilidades para el estudio de indicios y evidencias.
“Se busca formar a profesionales de alto nivel para emitir dictámenes sustentados jurídicamente que se enfoquen en la demostración de la verdad, la aplicación más certera de la justicia dentro de un marco ético, normativo y legal, que contribuya a la administración de la justicia”, apuntó Ayala Hernández.
