México comenzó a entender el aborto como un derecho humano y la corte ha extendido esta garantía a todo el país, a diferencia de Estados Unidos que dejó la responsabilidad a cada una de sus entidades, dijo el ministro Alberto Pérez Dayán, en el Seminario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “Restricciones constitucionales y objeción de conciencia” realizado en el marco de FIL Pensamiento.

“México entendió que la interrupción del embarazo es un derecho humano y todos en este país estamos ligados a ese derechos humano, que es el de la vida, Estados Unidos no lo ve como un derecho sino como una cuestión de competencia y se la deja a cada estado para que la legisle, si la quiere legislar lo aceptará, la corte lo dejó a la decisión de los estados y no alcanza a la generalidad del país”, explicó.

Afirmó que en México cualquier mujer puede interrumpir su embarazo si así lo desea antes de las 12 semanas, porque debe privar el derecho a decidir sobre su cuerpo, independientemente de si hay una normativa en su estado.

La magistrada Yasmín Esquivel Mossa explicó que en los estados donde la legislación aún penaliza el aborto, las mujeres que son sancionadas por haberlo practicado, pueden solicitar un amparo con el criterio que estableció la SCJN y el juez está obligado a otorgarlo, incluso esto aplica para quienes están en la cárcel por tal motivo.

“Es un criterio que ya estableció la Corte, y está obligado el juez a ajustarse al criterio en aquellos estados en los que aún se penaliza la interrupción. Aquellas mujeres que pudieran encontrarse en la cárcel pueden solicitar sus amparos y salir inmediatamente porque ya hay un criterio que permea en todo el país, si no está en la cárcel pero sujeta a un proceso penal por este motivo, tendrá la posibilidad de liberarse del proceso mediante ese amparo”, detalló.

En la charla moderada por los periodistas Carmen Aristegui y Javier Solórzano, los magistrados afirmaron que este tema es sometido a objeción de conciencia por parte de los funcionarios y el equipo médico que pueda atender casos de interrupción del embarazo, pero las instituciones están obligadas a dar el seguimiento o el servicio.

“El derecho a la objeción de conciencia no está por sobre el derecho a la salud de la persona, por lo pronto no hay un vacío jurídico, si sumamos todas las disposiciones que obligan a todas las instituciones de salud, la respuesta es que no pueden hacerlo. La objeción de conciencia es un derecho individual y no colectivo”, por lo tanto las instituciones no pueden ampararse en él para no atender a la paciente, dijo el magistrado Javier Laynez Potisek.

De hacerlo, el hospital o institución médica estaría cometiendo discriminación, ya que la disposición de la SCJN determinó que debe de haber al menos un profesional que no se someta a la objeción de conciencia para que las pacientes puedan acceder a este derecho.

Debaten sobre la legalización de la marihuana

Las magistradas y magistrados abordaron también  el tema de la legalización de la marihuana, en el que el Congreso de la Unión no ha avanzado en generar una ley al respecto y que ha cometido una inacción ante la disposición de la SCJN al aplazar de manera indefinida el tema.

Ante ello, el máximo órgano de justicia del país tiene la atribución de destituir al Congreso para obligar a los legisladores a generar la normativa.