México no es un país ajeno a la migración, pues 11.2 millones de mexicanos son residentes en Estados Unidos, de los cuales 4.1 millones están ya naturalizados. El paso por la frontera norte se da tanto por la vía legal, como ilegal, auqnue mayormente por esta última, y el flujo de mexicanos es muy elevado.
Por eso, resulta reprobable la actuación de las autoridades de México para frenar la migración en la frontera sur de nuestro país, donde lo que menos priva es la sensibilidad hacia una población que ya de por sí es vulnerable, dado los múltiples factores que imperan en sus países de origen, relacionados con la pobreza, violencia o inseguridad, lo que lleva a familias enteras o con frecuencia a niños que viajan solos, a correr todos los riesgos en la búsqueda del todavía llamado “sueño americano”.
La posición del país para atender este flujo migratorio deja mucho que desear, dado que persisten desde hace mucho tiempo los abusos de autoridad, con extorsiones y violaciones a los derechos humanos de esta población migrante, a lo cual hay que agregar las condiciones de las estaciones migratorias que no cumplen con los protocolos sanitarios ante la pandemia que se vive en la actualidad.
Desde el año pasado en el mes de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para el Instituto Nacional de Migración, porque una de las estancias de los migrantes ubicada en Tapachula, Chiapas, permitía la convivencia de mujeres y niños con personas contagiadas por el virus SARS-CoV-2, en espacios carentes de luz y agua, donde el hacinamiento era inevitable. Además, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el año 2020 se reportaron 49 defunciones y 991 casos positivos por Covid-19 de personas autentificadas como migrantes. Las cifras siguen creciendo todos los días.
Una de las situaciones que se ha agravado es la lenta respuesta que se da a las solicitudes de refugiados en México, lo cual genera la retención prolongada de los migrantes y colapsa las estaciones de migración. La comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reportó 77 mil 559 solicitantes en condición de refugiados en el periodo de enero a agosto de 2021, de los cuáles se han resuelto 23 mil 123, con una tasa de positividad del 74%.
La militarización de la frontera sur responde a una medida que lejos está de atender la desbordada situación, dado que ha ocasionado más violencia con medidas de contención basadas en el uso excesivo de la fuerza contra una población que utiliza el corredor de México como tránsito hacia los Estados Unidos.
Los hechos documentados mediante los medios de comunicación nos avergüenzan a todos los mexicanos, porque son una muestra de la barbarie que se vive en la primera puerta de entrada al país por la frontera sur, al golpear, empujar, someter a niñas, niños, jóvenes, mujeres, mujeres embarazadas y hombres.
La condición es la misma para todos, con una total falta de respeto a la dignidad de las personas y violentando los principios establecidos en la Ley de Migración para la aplicación de la política migratoria que señala, entre otros puntos, la obligatoriedad del respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, así como la congruencia que debe mantener el Estado mexicano al garantizar la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.
Es evidente la ausencia de una política migratoria clara que responda amigablemente a un problema complejo para quienes son expulsados de sus pueblos y se encuentran con el rechazo en el lugar de destino, donde esperan construir un futuro diferente. Pareciera que la experiencia migratoria de los mexicanos queda en el olvido cuando los protagonistas son una población ajena al país y los valores que promovemos sobre la solidaridad se esfuman para proteger la frontera norte.
