A pesar de ser una medida de retención para presuntos delincuentes, la prisión preventiva oficiosa es una figura contradictoria en materia de derechos humanos, por lo que es necesario ampliar el debate para eliminar o modificar este procedimiento, consideraron especialistas en derecho del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) de la UdeG.
Para fomentar dicho debate, el CUTonalá llevará a cabo una clase magistral en el Paraninfo Enrique Díaz de León con la presencia de Eduardo Alberto Osorio Rosado, Juez de Distrito en materia penal asignado al Centro de Justicia Penal de Querétaro, a fin de analizar los pros y contras de seguir implementado la prisión preventiva en México.
El Presidente de la Academia de Derecho Penal de CUTonalá, José Luis de la Mora Galván, explicó que la prisión preventiva oficiosa es un procedimiento que se emplea cuando otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar el desarrollo de la investigación, la protección de víctimas y testigos y la comparecencia del imputado.
“Diversos estudios y criterios de la Corte Interamericana han determinado que la figura de la prisión preventiva oficiosa contraviene diversos derechos humanos, entre ellos el de presunción de inocencia, independencia judicial y libertad personal, que suscriben todos ellos en lo que conocemos como el debido proceso”, declaró.
El Director de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas, Marco Antonio Núñez Becerra, consideró que el debate en torno a esta figura abre la discusión para entender cómo se perciben los derechos humanos en el sistema judicial mexicano.
Se trata de una oportunidad para dialogar en torno a esta figura y promover que se trabaje con una perspectiva humana en aras de evitar centrarse en proceso punitivos y empezar a promover estrategias sociales que prevengan e inhiban las actividades delictivas que pudieran ocurrir, dijo.
“Está claro cuál va a ser el tono: la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, el ataque frontal de los derechos humanos. Osorio Rosado es un ponente que se opone a esta figura jurídica y, por tanto, vamos a escucharlo para incrementar el conocimiento que tenemos en el debate, esta vez desde la perspectiva de un juzgador que ha decidido no aplicarla por considerarla violatoria de derechos humanos”, aseveró.
De la Mora Galván detalló que las modificaciones a la prisión preventiva oficiosa pueden darse por medio de una reforma promovida por el Congreso de la Unión y que garantice los derechos humanos. Por otra parte, también podría ocurrir si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncia y se une al debate.
Consideró que es necesario actualizar las capacidades de las instituciones en la materia, en especial de los ministerios públicos y los órganos de investigación, lo que podría ayudar a prescindir de la prisión preventiva oficiosa.
La Jefa del Departamento de Ciencias Jurídicas, Adriana Marcela Santillán, resaltó que Osorio Rosado es un profesional que cuenta con una experiencia de 21 años en el Poder Judicial de la Federación y que se ha desempeñado como Juez de Distrito en distintas entidades de México.
“Ha impartido temas sobre juicios de amparo, derechos humanos, control de convencionalidad, sistema penal acusatorio y la formación del abogado en el nuevo milenio”, detalló.
Núñez Becerra recordó el caso de los tres estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) a quienes se les dictó prisión preventiva oficiosa por el delito de despojo, y resaltó que luego de este episodio el debate revivió en las aulas de derecho para analizar la viabilidad de mantener esta figura legal.
“Desde la universidad se dijo que esta figura era nociva y condenatoria a los derechos humanos, no sólo de los estudiantes en particular, sino de todos aquellos que sufrían esta medida”, enfatizó.
La charla para debatir sobre la prisión preventiva oficiosa se llevará a cabo el próximo viernes 24 de febrero, a las 16:00 horas, en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la UdeG.
