En Jalisco, desde 2018 se han generado 11 sentencias de casos relacionados con violencia en razón de género y que han sido analizados por el Observatorio de Estudios Electorales, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
El diagnóstico revela que Puerto Vallarta es el municipio con más denuncias sentenciadas, con un registro de tres; seguido de San Pedro Tlaquepaque, con dos; y luego Cihuatlán, Guadalajara, Sayula, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlán el Grande y Zapotlanejo con una sentencia cada uno.
“Puerto Vallarta no sólo fue el municipio con la primera sentencia, sino que continuó siendo líder en conducta violenta contra las mujeres en la esfera política”, declaró Diana Almaguer, estudiante de la licenciatura en Estudios Políticos del CUCSH y colaboradora del observatorio.
Dio a conocer que de las 11 denuncias sentenciadas, “cuatro fueron interpuestas por mujeres candidatas a algún cargo público y las siete restantes han sido por mujeres en el ejercicio de algún cargo”.
“El cargo público que predomina en las mujeres agredidas es el de las regidoras –precisó–, con seis sentencias; en segundo lugar están las candidatas a un cargo público, con cuatro y una es diputada”.
En las sentencias identificaron 29 conductas violentas en los 11 casos, de los cuales, 55 por ciento fueron prácticas como la divulgación de imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones.
Diez por ciento fueron amenazas o intimidaciones para incidir en su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; otro diez por ciento fueron impedimentos para que tomen protesta de su encargo o asistan a las sesiones donde se toman decisiones; y también diez por ciento en ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, institucional, económica o patrimonial.
“En los perfiles de los sentenciados fueron una mujer, diez hombres y un medio de comunicación. De éstas 11, cinco fueron personas de medios de comunicación o periodistas”, informó Almaguer.
“Lo que observamos es relaciones de poder entre figuras, como entre presidencias municipales sobre regidurías, o en medios de comunicación en la cobertura del ejercicio de cargos de una mujer. También, en menor medida, la violencia que sufren mujeres en cargos legislativos”, explicó la doctora Yoloxóchitl Corona, integrante del observatorio.
Sandra Martínez, también integrante del observatorio, llamó a los trabajadores de los medios de comunicación a que “ahora que empieza el proceso electoral se narren las historias de las mujeres desde un lugar que no sea bajo los estereotipos de género”.
Las integrantes del observatorio dieron a conocer que las sanciones más relevantes, establecidas por los tribunales, fueron económicas; una fue de 5 mil 077 pesos y otra de 13 mil 443 pesos.
“Preocupa el papel del Tribunal Electoral local, porque de las cuatro sentencias que hay resueltas, en la Sala Regional de Guadalajara son todas revocaciones de sentencias del tribunal local parcial o completamente; es decir, la Sala Regional le dice al tribunal que tiene que reponer el proceso porque algo hubo mal en el procedimiento”, expresó Martínez.
De igual forma, mencionó que el Tribunal Electoral decidió abandonar el Observatorio Político de las Mujeres del Estado de Jalisco, del cual académicas del CUCSH también son integrantes, lo que podría ser una “mala señal”; ya que, a decir de Martínez, han demostrado que “durante los procesos electorales siempre aumenta la violencia política en razón de género”.
La Coordinadora General del Observatorio de Estudios Electorales, Mónica Montaño Reyes, refirió que es probable que en la próxima contienda presidencial haya candidatas que sean víctimas de esta violencia.
“Estamos en una elección donde, por fortuna, han tomado el escenario nacional perfiles de mujeres, pero es probable que haya elementos de violencia. Hay que estar preparados de manera legal y administrativa para seguirla. Todo queda en la cancha de los partidos políticos, pues sí hay posibilidades que estén en la boleta, pero no es un hecho que estén. Desgraciadamente, en 2021 se redujo a nivel local el número de mujeres alcaldesas”, expresó.
Recalcaron que los partidos políticos son los primeros espacios donde se ejerce violencia de este tipo, pero es difícil que se visibilice porque hay coerción, como cortar carreras políticas o destinar a las mujeres a candidaturas perdidas.
Para 2023 aún no hay ninguna sentencia con respecto a este tipo de casos de violencia, por lo que las integrantes del observatorio se dicen preocupadas de que mujeres que lo viven no tengan conocimientos, que las instituciones no estén preparadas para atender denuncias con perspectivas de género o incluso identificar esas violencias, pero también se estén desestimando las denuncias en tribunales.
