Con un amplia trayectoria en la defensa y el estudio del medio ambiente, Raquel Gutiérrez Nájera fue elegida por segunda vez como consejera social de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, que depende del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
La académica de la División de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, es un referente en los estudios ambientales en el país y su trabajo ha sido plasmado en diversas publicaciones.
Es doctora en Ciencias Penales en el área de Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México y maestra en Derecho Penal por esta Casa de Estudio.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en la categoría de Investigador Nacional y ha sido profesora con el Reconocimiento de perfil PROMEP /PRODEP.
La especialista fue parte de un primer periodo de la Coordinación en 2015 y fue reelegida para un segundo periodo hasta el años 2024.
¿Cómo recibe la ratificación de este nombramiento?
Pertenecer a esta coordinación es un gran reto para un académico, además de una distinción que hacen para investigadores del país, la mayoría, al menos cinco de los seis, pertenecemos a universidades públicas públicas y privadas. Somos un grupo de investigadores de las ciencias duras, económicas y sociales quienes formamos esta coordinación de evaluación.
¿Cuáles son los retos de México en cuanto a las estrategias de cambio climático?
En el primer periodo evaluamos el presupuesto y el programa espacial de cambio climático y un primer sondeo de la política climática a nivel subnacional. Y tenemos que ver si los instrumentos de política pública tienen un impacto real respecto a la mitigación de los gases de efecto invernadero y transitar hacia una economía baja en carbono o adaptarnos mejor y reducir la vulnerabilidad de comunidades, ciudades y asentamientos humanos expuestos al cambio climático. Este es el reto. En el anterior periodo sentamos además las bases de la coordinación de evaluación en el ámbito nacional, sus estatutos, reglamentos, principios, la política interna y lo que nos toca es ahora sí evaluar el impacto en la política climática y si está reduciendo la vulnerabilidad, y vamos a tener que entrarle porque eso nos va a decir si vamos en el camino correcto y si vamos a tener que hacer ajustes.
El otro gran reto es ver el efecto que tuvieron las recomendaciones que ya hicimos en el primer ciclo de evaluación de política climática y si se están incorporando en los instrumentos programáticos sexenales de política climática.
¿Son vinculantes los trabajos que se hagan en esta coordinación?
Todas nuestras recomendaciones son vinculantes y creo que esa es la parte valiosa de la coordinación, que no quedan nada más en recomendaciones y que los tres órdenes puedan o no incorporarlos en su política, sino que son obligatorias, a parte de ser una coordinación de corte técnico y científico, a mí me parece que también es un reconocimiento al sector académico en los aportes que hacemos en estas áreas.
¿Cómo será el trabajo a partir de su nombramiento y con la contingencia del COVID-19?
Vamos a tener una primera sesión para instalar la coordinación de evaluación y esperaría que pasando el periodo de contingencia sanitaria, después de semana de Pascua, nos llamen y quizás hasta tengamos sesiones virtuales.
