Académicos y especialistas de diversas instancias académicas y gubernamentales recomendaron reconfigurar el sistema agroecológico y alimentario de la región de Autlán-El Grullo para mejorar la salud de los pobladores y revertir probables daños renales y neurocognitivos que se relacionan con la presencia de plaguicidas.
En el Foro Derechos Humanos de los Niños a la Salud y un medio ambiente sano, organizado por el Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur), Humberto González Chávez, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), dijo que para revertir el daño de la exposición a los plaguicidas es importante un medio ambiente sano e implementar agricultura agroecológica con sistemas sostenibles y sanos.
La situación en el Sur
El investigador del CUCSur, Luis Manuel Martínez Rivera, señaló que la estrategia debe de enfocarse en el trabajo con los agricultores dueños de parcelas en las poblaciones de El Mentidero, Las Paredes, Palo Blanco, Lagunillas y Rincón de Luisa.
Como parte de las alternativas de manejo de acciones para la protección de los niños a la exposición de contaminantes, Martínez Rivera indicó que se deben generar cursos y talleres sobre reducción y el no uso de pesticidas y sustituirlos por otras prácticas; utilizar abonos orgánicos; evitar las quemas agrícolas y proteger con barreras verdes los sembradíos para que el follaje pueda capturar pesticidas del aire y sirvan como barreras rompevientos.
El académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), Alejandro Aarón Peregrina Lucano, explicó cómo se realizó el análisis de los plaguicidas tanto en la orina como en agua y en alimentos como la leche, verduras y frutas, en los laboratorios de ese centro.
Recordó que hay diversas comunidades en la región que están desarrollando una agricultura orgánica libre de pesticidas, que permitirá que los menores afectados desechen los tóxicos que han adquirido tanto de la alimentación como del medio ambiente.
El académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), Felipe Lozano Karsten, encargado de un estudio en las localidades de Ahuacapán y El Mentidero, en Autlán, recordó que la mayor parte de los 200 menores de edad que fueron parte del estudio tienen altas concentraciones de herbicidas como el molinato, el 2-4 D y el glifosato, un probable precursor del cáncer, y de pesticidas como la emamectina y el malation, que afecta el sistema nervioso central; todos considerados como altamente peligrosos en México.
Dijo que, a partir de los resultados y de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), es importante plantear si es necesaria una reconfiguración del sistema agrícola para que no anticipe un futuro de enfermedad y muerte para los menores de edad, y en lo que es fundamental aplicar la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en Jalisco.
La recomendación de la CEDHJ
El jefe de la Unidad de Análisis y Contexto de la CEDHJ, Roberto Chávez González, recordó que la recomendación 141/2021 inició de oficio en 2019 luego de que fueran publicadas algunas notas informativas que daban cuenta de diversos estudios de la UdeG relacionados con la presencia de pesticidas en la orina de menores de edad y las heces de fauna silvestre en la zona de Autlán y la Sierra de Manantlán.
Informó que se generó evidencia de que los pesticidas y herbicidas están presentes no sólo en los menores de edad de la región, sino también en la fauna silvestre y en los mantos acuíferos, cuyos afluentes llegan a una extensión territorial mucho más grande, principalmente porque esta zona alberga a una amplia comunidad de jornaleros agrícolas migrantes.
Los visitadores de la CEDHJ constataron que hay un alto porcentaje de personas que han muerto por enfermedades respiratorias, renales y por tumores malignos en esta zona en los últimos años, pero no hay mucho registro en los centros de salud pública de personas que presenten intoxicaciones por plaguicidas, ya que éstas prefieren aplicar remedios caseros o las empresas envían a los empleados a hospitales privados para no dejar evidencia.
Señaló que, a la fecha y a poco más de un año de la determinación de la CEDHJ, la mayoría de las seis instancias municipales, estatales y federales a las que se dirigieron las recomendaciones, han dado alguna respuesta e implementado acciones para regular las violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de los derechos a la salud, medio ambiente sano y a los derechos de la niñez.
Entre otras acciones, se ha hecho: la reforestación de la zona aledaña a las escuelas a las que acuden los menores afectados; un plan de reforestación en la zona del río Ayuquila; capacitación a los jornaleros agrícolas en las precauciones en el uso de agroquímicos y síntomas generados por los pesticidas; y un diagnóstico para conocer la situación de la contaminación producto de la actividad agrícola en el valle de Autlán-El Grullo.
En el foro, autoridades estatales y municipales expusieron algunas propuestas de acciones para atender la recomendación 141/2021.
