La reforma electoral que podría ser aprobada este martes o miércoles en el Senado de la República contiene avances en cuanto a temas como la inclusión de población vulnerable a las candidaturas, como personas con discapacidad y de la diversidad sexual; pero es muy permisiva en cuanto a las libertades que pueden tener los partidos políticos y el financiamiento público al que pueden tener acceso, lo que minaría la confianza de la ciudadanía; en esto coincidieron especialistas del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
La coordinadora del observatorio, Mónica Montaño Reyes, afirmó que estas nuevas reglas en materia electoral carecen de sanciones efectivas para las faltas graves que puedan cometer los partidos políticos durante los procesos de elección.
“Lo más negativo de esta iniciativa es la falta de sanciones para faltas graves que puedan hacer las y los candidatos, lo que nos regresaría a que si cometen delitos electorales no se les va a castigar de manera tan amplia como se tenía hasta hoy; lo positivo es que se integren poblaciones históricamente rezagadas en la representación proporcional y plural”, declaró.
Montaño Reyes coincidió con Andrea Bussoletti, integrante del observatorio, en que la reforma favorece a los partidos y no a las instituciones que tendrían que vigilar el respeto a las reglas del juego. Esto es resultado de que la reforma fue aprobada en calidad de urgente, o fast track, luego de que se generara una propuesta o plan B que no había sido suficientemente discutida y en la que los partidos políticos impusieron condiciones para su voto a favor.
Recordó que en la reforma preaprobada el pasado 7 de diciembre por el Congreso de la Unión y que recibió esta semana el visto bueno de dos comisiones del Senado, se amplía la libertad de los partidos políticos para la selección de candidaturas, además de que permite que si el Tribunal Electoral interviene por irregularidades en el proceso, éste puede ser repetido, pero no se quitará la candidatura; también los partidos pueden interponer juicios en contra de actas o resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que ellos consideren que provoca un perjuicio real al partido.
“Lo que va a suceder es que situaciones que en el pasado habían sido objeto de la intervención del Tribunal Electoral por estar prohibidas, ahora van a ser permitidas; el hecho de si las reglas estorban a los partidos, se cambian las reglas y no tratan los partidos de disciplinarse y de ser más respetuosos; a todas y todos los ciudadanos si no respetamos reglas nos castigan o nos multan, los partidos no las respetan y las cambian, y eso en confianza de los ciudadanos hacia la institución tiene un efecto contraproducente”, subrayó.
En cuanto a la reducción de 3.5 millones de pesos al presupuesto del INE y la disminución de los funcionarios públicos que lo integran, el profesor de la Universidad de la Ciénega de Michoacán y miembro del observatorio, Javier Rosiles, afirmó que hay que esperar a ver cómo estas medidas afectarán la manera en que se desarrollará el proceso de elección de 2024 a nivel nacional, aunque esto sí representa un riesgo para la manera en cómo se llevará a cabo la elección federal y las estatales.ù
De acuerdo con el documento del plan B de la reforma, el INE tuvo un aumento de 409 por ciento desde 1999 a 2018, al pasar de 13 mil 400 millones a 68 mil 300 millones, por lo que el costo del voto por ciudadano es el más grande de América Latina, con 480 pesos por voto; mientras que en países como Estados Unidos es de 224 pesos, y en Brasil de 244.
“Hay que valorar qué tanto nos debería costar la democracia; insisto en que hay un riesgo y el discurso es que lo que se está ahorrando se va a destinar a los diferentes programas sociales, particularmente a los programas insignia, al menos así se puede ver en el documento”, señaló.
El profesor de Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa y miembro del observatorio, Luis Medina, consideró que la reforma es más negativa que positiva, y aunque la reducción del presupuesto del INE no es sustancial, sí pone en crisis la estructura organizativa tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional.
