Este año será un punto de inflexión para las universidades, consideró Elia Marum Espinosa, directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).
“Las universidades han tenido desafíos permanentemente. Es especial este año por ser punto de inflexión en la tendencia que había tenido tanto la política pública como el modelo de gestión de la educación superior”, indicó.
Contar con una nueva Ley de Educación Superior y una Ley de Autonomía Universitaria, además de encontrar la manera de operar la gratuidad, universalidad y la laicidad de la educación superior, son algunos de estos retos.
Actualmente la autonomía universitaria está contemplada en el Apartado VII del Artículo 3ro. de la Constitución, pero no existe una Ley Secundaria que permita operar esos principios.
Marum Espinoza recordó que las leyes de Autonomía Universitaria existen en otros países y son útiles porque definen claramente los principios y límites de esa autonomía, para dejarle claro a los gobiernos en que consiste esa autonomía en lo general.
“A un artículo constitucional no lo puedes hacer operativo en la práctica, porque se necesita una ley secundaria, que hoy por hoy no existe. De lo contrario, el gobierno cuando quiere interpreta el concepto de forma restringida y cuando las universidades quieren lo interpretan de manera amplia”, reflexionó.
En 2005, la académica publicó un libro en el que propone repensar la autonomía con enfoque iberoamericano.
“Y desde entonces consideramos que la economía universitaria tiene que replantearse y repensarse más allá de lo estrictamente marcado en el apartado VII del Artículo 3ro. constitucional. Tenemos que promover una ley de educación superior y una ley de autonomía. Y la autonomía tendrá que ser claramente adjetivada con la responsabilidad social, con el compromiso social, no una autonomía a ultranza, sino con compromiso social para contribuir al desarrollo sostenible”, apuntó.
Respecto a la necesidad de una nueva Ley de Educación Superior, señaló que la norma no está actualizada, pues la vieja Ley para la Coordinación de la Educación Superior y la actual Ley de Educación no regulan el funcionamiento de todo el sistema educativo con educación superior como eje central.
“Seguimos con un sistema educativo fraccionado. Las universidades han estado aisladas relativamente del resto del sistema. Necesitamos una ley que permita y establezca la normatividad y principios de cómo debe funcionar la educación superior dentro del sistema educativo, cuáles son responsabilidades, derechos, objetivos que persigue y principios fundamentales. Asegurar que las universidades cumplan su rol estratégico en el desarrollo sostenible”.
Recordó que en 2019 se aprobó una reforma constitucional para establecer que la educación superior deberá ser laica, obligatoria y gratuita, entre otros atributos.
“El problema es cómo se va a operar en las privadas que no son laicas, hay jesuitas, maristas. Y cómo se va aplicar la universalidad, gratuidad y obligatoriedad de la educación superior. Este año se van a conocer esas reglas del juego. ¿Será todo gratuito? ¿Hasta posgrado? ¿Secuencial o por etapas?”.
Explicó que tanto la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como las propias universidades tendrán que jugar un papel fundamental en proponer medidas viables.
“No hay que ser sólo reactiva cuando nos amenazan la autonomía, sino hacer propuestas innovadoras que resuelvan la dinámica del país y que demuestren que las universidades tenemos capacidad de reformarnos”.
Además, las universidades deben asumir su rol como factor estratégico del desarrollo sostenible en los países y ampliar la cobertura de la mano de la calidad académica.
“En México, el 80 por ciento del conocimiento se desarrolla en instituciones de educación públicas. Aquí las empresas no generan desarrollo como otros países. Debemos generar desarrollo y ponerlo a la orden de quien puede usarlo. Y no podemos seguir con carreras tradicionales, formando estrictamente en aulas, con burocracias pesadas, ni con procesos de organización tradicional, ni con controles férreos. Urge flexibilizarse y abrirse al entorno”.
Y concluyó: “Creo que la Universidad de Guadalajara está enfrentando con éxito ese gran reto y se está preparando para una transformación radical y profunda que será otra vez paradigma para otras universidades”.
