A treinta años de lo ocurrido en el antiguo Sector Reforma de Guadalajara, testigos de la tragedia –uno de ellos víctima–, un periodista y académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) reflexionaron sobre la herida social en el foro “22 de abril. 30 años de impunidad e indolencia gubernamental”, celebrado en el campus Belenes.
Aquel mediodía de jueves de Semana Santa (1992) y después de una serie de explosiones de colectores a lo largo de 13 kilómetros, se reportaron, de acuerdo con cifras oficiales, 212 fallecidos, más de mil 500 lesionados, mil 142 viviendas afectadas y 600 vehículos destruidos.
Lilia Ruiz Chávez, sobreviviente y quien constituyó la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, lamentó que, al paso de los años, las víctimas fallecen sin un brazo, sin vista, sin una pierna, y sin obtener justicia.
“Treinta años es la vida de una persona, treinta años que no han sido suficientes para resolver el daño que nos hizo el 22 de abril”, declaró.
Dijo que la ausencia de cada una de las víctimas resulta una fortuna para el gobierno “porque ellos quisieran que desaparezcamos».
En 1994 convocó a los sobrevivientes por medio de una cartulina con un número telefónico, pegada en la calle.
“Decía ‘Si eres damnificado del 22 de abril, llama a este teléfono’, y nos reunimos 94 personas de los más de mil 800 lesionados que dijo el gobierno”.
Desde entonces, recuerda, han sido noches esperando para tener una entrevista con gobernadores o diputados para obtener atención médica.
“Casi suplicando, cuando fue la corrupción, la negligencia y las omisiones de los tres niveles de gobierno los responsables del 22 de abril”, subrayó Ruiz Chávez.
Pidió ayuda a los estudiantes asistentes al foro para mantener viva la memoria y que no vuelva a ocurrir otro 22 de abril.
El periodista de Radio UdeG, Rubén Martín Alonso, entonces reportero del diario Siglo 21, circulaba en su automóvil cuando vio una columna de humo por el rumbo de Analco. Al acercarse a la zona afectada encontró una zanja y, suspendido de cables, el cuerpo de un trabajador de teléfonos.
“El 22 de abril es un hecho que marca a la ciudad como la peor tragedia urbana de su historia”, dijo, y que confirmó lo que los vecinos denunciaron antes como un fuerte olor a gasolina.
“Esto generó rabia e indignación por las omisiones de las autoridades”, resaltó.
Para el periodista, un hecho que marcó la indolencia de las autoridades y del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (asesinado el 24 de mayo de 1993), quien rechazó el reclamo de los familiares, pues el gobierno removía escombros con maquinaria.
“La gente decía que ahí estaban sus familiares. Y el cardenal se limitó a responder, ‘Resignación’”, relató Rubén Martín.
Tras la cobertura se responsabilizó al gobernador Guillermo Cosío y al Presidente municipal de Guadalajara, Enrique Dau Flores, aunque la empresa paraestatal Pemex quedó excluida de responsabilidades.
“A 30 años no hay una investigación oficial que diga qué fue lo que pasó y que diga quiénes son los responsables”, concluyó.
El Coordinador del doctorado en Ciencia Política del CUCSH, Jorge Ceja Martínez, lamentó la falta de acción de las autoridades al omitir las denuncias de olor a gasolina en sus colonias, publicadas por varios medios, como el diario Siglo 21, que entre noticias y crónicas del día anterior resumió, “Son demasiadas explosiones para tan pocas explicaciones”.
“¿Por qué tanta indolencia, es por falta de dinero? ¿Será por clasismo? De haber ocurrido en la parte poniente, en las colonias ricas de Guadalajara, ¿hubiera sucedido lo mismo?”, cuestionó el académico.
Y después de treinta años de la falta de atención de los seis gobiernos estatales, más de veinte presidentes municipales y cientos de regidores, no logra entender la cuestión, “¿qué les costaba atender las necesidades de los damnificados?”.
El profesor-investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales (DESMOS) del CUCSH, doctor Jorge Regalado Santillán, remarcó las nueve demandas de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, como asegurar y mejorar la atención médica y que ésta sea vitalicia; integrar al fideicomiso a los lesionados que no han sido localizados; que las familias de los lesionados y fallecidos sean indemnizadas; apoyar la compra de viviendas; aportaciones económicas al fideicomiso para la cena navideña de las víctimas, y que no haya diferencias en las pensiones.
“Que se renueve el Comité técnico del fideicomiso, que se construya el monumento planeado desde tiempos del Exgobernador Carlos Rivera Aceves, y que se declare a Pemex como responsable de las explosiones del 22 de abril de 1992”, dijo Regalado Santillán.
Para el Jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH, Armando Zacarías Castillo, las explosiones y la tragedia de Guadalajara ocurrieron cuando la ciudad experimentaba un auge económico importante, y marcó el inicio de la confrontación de la sociedad por la deuda del gobierno.
