Luego de la prisión preventiva oficiosa dictada por un juez a tres estudiantes de la UdeG, miembros de esta Casa de Estudio y de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) se declararon en estado de emergencia y anunciaron que se instalan en un plantón frente a Casa Jalisco.
Este jueves los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas acudieron al Penal de Puente Grande a declarar ante un juez, luego de que fueron citados por manifestarse en contra de la construcción de un complejo habitacional en un espacio dedicado a un parque.
Durante un recorrido por el plantón, el Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, se solidarizó con los estudiantes y calificó como un «delito» la decisión del juez, quien dictó prisión preventiva oficiosa a los tres universitarios.
Recordó que este tipo de recursos legales han sido invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de que señaló que el juez encargado del caso se basó en los testimonios que señalaban que los acusados portaban armas, sin embargo, no se mostraron más pruebas para sostener esta afirmación.
“El día de hoy el juez se equivocó, cometió una ilegalidad más grande de lo que se puede cometer: dictó prisión preventiva oficiosa, eso es un delito y eso tendrá que enfrentarlo el juez. Hoy el gobernador dijo en la mañana que en Jalisco el que la hace la paga y cada quien debe hacerse responsable por los hechos, y espero que el juez se haga responsable de lo que acaba de hacer el día de hoy”, puntualizó Villanueva Lomelí.
La presidenta de la FEU, Zoé García, exhortó a la comunidad estudiantil a unirse al plantón, que se instaló en las afueras de Casa Jalisco con más de 20 casas de campañas para los manifestantes.
«Desde aquí les decimos a nuestros compañeros que no están solos, que los jóvenes tienen esperanza en este estado, que desde aquí vamos a luchar para que las cosas se hagan de la manera correcta, no le vamos a pedir al gobernador que siga usando las instancias de impartición de justicia para que haga lo que le da la gana», enfatizó.
El Director del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), César Barba Rubio, acusó que existen irregularidades en el proceso legal en contra de los estudiantes, por lo que pidió a la comunidad que se solidarice con ellos y se sume al plantón.
César Barba añadió que en el proceso se acusó a los estudiantes de tener armas en los campamentos instalados en el predio donde se manifestaban, lo que calificó de una mentira debido a que los universitarios realizaban manifestaciones pacíficas.
«Lejos de que nuestro ánimo decaiga, al contrario, esta lucha hoy inicia. Los universitarios que estamos aquí el día de hoy y los que se sumarán no van a descansar hasta devolver con bien y en libertad a nuestros tres jóvenes estudiantes».
Se prevé que el plantón se mantenga instalado hasta el próximo martes, cuando se reinicie el proceso contra los imputados o hasta que se les otorgue libertad, añadió la presidenta de la FEU.
Audiencia fue un proceso amañado y basado en mentiras
Juan Carlos Guerrero Fausto, Abogado General de esta Casa de Estudio y defensor de los tres estudiantes, aseguró que la audiencia realizada este jueves fue un “proceso amañado”, “basado en mentiras”, con “fabricación de delitos” y fuera de la ley, en el que el juez Felipe de Jesús Rivera no permitió que los jóvenes se defendieran.
Señaló que la audiencia realizada en los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito 1 en materia penal, estuvo plagada de irregularidades y en la que se hizo sentir todo el peso de la Fiscalía General de Jalisco.
“Estamos consternados, jamás me había tocado un proceso penal tan fatuo, tan falto de veracidad y objetividad como éste; se presentaron cuatro agentes del Ministerio Público y tres asesores jurídicos de la empresa para imputar a tres estudiantes. Toda la fuerza de la fiscalía estuvo hoy haciendo señalamientos mentirosos, señalamientos falsos”, dijo.
Guerrero Fausto señaló que la parte acusadora presentó testigos, todos ellos trabajadores de la empresa constructora, quienes afirmaron que los estudiantes había entrado al predio donde se construye el complejo habitacional “de noche, en bola y con armas de fuego”, lo que dio pie para que, a petición del ministerio público, el juez determinara prisión preventiva oficiosa para Armenta Araiza, Cisneros González y Rojas Umazor, obligándolos a dormir en las instalaciones del Penal de Puente Grande hasta el martes.
“Negamos categóricamente que llevaran armas, las únicas armas que llevaban son las de la resistencia, las armas de la dignidad y en eso se basó el juez para dictarles prisión preventiva oficiosa, los están tratando como delincuentes”, subrayó.
Entre las irregularidades, el abogado señaló que el juez es el mismo que determinó la orden de desalojo del parque el 19 de agosto del 2022 y es esposo de la síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, María Cristina Estrada Domínguez, quien tuvo participación jurídica en las sesiones de cabildo en la que se aprobaron los compromisos jurídicos que el ayuntamiento contrajo con el grupo de empresarios que se apropiaron de un parque público.
