La estrategia para atender el problema de las desapariciones forzadas en Jalisco ha sido un fracaso, pues hay indolencia de parte de la Fiscalía General y los esfuerzos están enfocados en recuperar cuerpos más que en encontrar a las personas, afirmó el coordinador del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparecidos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Jorge Ramírez Plascencia, a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se celebra el 30 de agosto.
“Los datos son contundentes respecto a la capacidad que el estado ha tenido para resolver el problema. Jalisco está en primer lugar de desapariciones, y el hecho de que haya localización de muchas fosas y recuperación de cuerpos se presenta como un logro, como un indicio de que se hace bien el trabajo, pero es más bien un fracaso de los gobiernos estatales y federal, porque tiene que ser en vida de las personas cuando las encuentren, no cuando están fallecidos”, declaró en entrevista.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SG), Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas en México con 12 mil 105 casos registrados entre el 15 de marzo de 1964 y el 8 de abril de 2021, de los cuales 3 mil 096 son contabilizadas desde diciembre de 2018.
El reporte señala que en 2020 fueron recuperados 433 cuerpos de personas enterrados en fosas clandestinas en la entidad, lo que quiere decir que casi 43 por ciento de los 859 cadáveres encontrados en el país en este tipo de lugares estaban en Jalisco.
Para Ramirez Plascencia hay una clara descoordinación entre los mecanismos de la Fiscalía General de Jalisco y lo que hace el Servicio Médico Forense (Semefo) en relación con la identificación de personas encontradas en fosas clandestinas, que es tardía y que no atiende de manera efectiva a las víctimas.
“Existe una falta de institucionalidad y de apoyo. El gobierno no ha entendido que hay una verdadera crisis forenses, y ha trabajado con las mismas limitaciones e indiferencia de siempre, sin incluir a los colectivos que, en ocasiones, tienen más información y hacen más que ellos”, subrayó el investigador.
Recordó que ha habido casos emblemáticos de personas que han sido encontradas ya sea vivas o recuperadas en fosas clandestinas y regresadas a sus familiares de manera rápida, pero estos son ejemplos que enfatizan la desigualdad con la que trabajan tanto la fiscalía como el Semefo.
“Hay una respuesta selectiva. Es una pena que exista una especie de criminalización previa de las víctimas de desaparición, con la idea de que las personas que están en fosas habían hecho algo malo. Las instituciones y la sociedad tienen esta idea de que ‘algo estaban haciendo’ y no vale la pena preocuparse mucho. El gobierno estatal sí reacciona cuando hay presión ciudadana, pero muchas de las víctimas no tienen esa facilidad del acceso a Internet o la visibilidad que dan las redes sociales”, abundó Ramírez Plascencia.
El especialista del Departamento de Sociología del CUCSH consideró que ni el gobierno estatal ni el federal están atacando el problema de raíz, que está relacionado con la falta en el combate al crimen organizado y que pareciera que hay “un pacto de no agresión o complicidad” con los cárteles, que propicia no sólo la inseguridad en territorio estatal sino el incremento en los casos de desaparición.
