A quince días de haber sido publicada en el Diario Oficial, todo parece indicar que la llamada ley “antiborrachos” arrancará a medias, y su aplicación cabal será mucho después del 6 de septiembre, fecha en que entra en vigor. Las razones: una, porque la reforma contempla modificaciones en al menos cinco diferentes leyes en materia, que involucran a varias dependencias estatales y federales; por otra: no se cuenta aún con los medios materiales para implementar adecuadamente la parte administrativa.
De hecho, la Secretaría de Vialidad y Transporte a la que le corresponde la parte operativa, está esperando que la Secretaría de Administración libere un recurso de dos millones de pesos para la adquisición de 65 aparatos para la prueba del alcoholímetro y otra partida para la capacitación de 78 peritos encargados de su aplicación.
Actualmente esta dependencia cuenta con 22 peritos, por lo que en un primer momento, a pesar de que la ley contempla una intensificación de los controles, se seguirán aplicando los mismos operativos que se estuvieron implementando en estos últimos meses, según información de la misma SVyT.
“Esta ley implica que la secretaría tenga que incrementar el número de peritos por dos razones: primero porque al reducir la tolerancia en alcohol obliga a que se hagan más levantamientos de actas, de folios y más pruebas de aire expirado; por otro, como son pruebas ya de la etapa ministerial de investigación, los peritos como auxiliares tendrán que ir a testimoniar”, explicó Armando López Vences, director General Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte.
Agregó que “debemos rediseñar los operativos y los procedimientos para la toma del aire expirado, esto porque va a tener un valor adicional como prueba, no es que ahora se haga mal, pero tenemos que intensificar la calibración de los aparatos, que actualmente se hace cada tres meses, y necesitamos aumentar el número de peritos, ya que van a ser tres turnos, entonces los 22 que tenemos son poquitos”.
La reforma a detalle
Como explicó López Vence, la Ley de Diversión Responsable contempla la reforma de varios artículos del Código de procedimientos penales, de la Ley de Vialidad Tránsito y Transporte, y la de Bebidas Alcohólicas, “que tienen que ver todas con la disminución de la tolerancia de gramos de alcohol por mililitros de sangre”.
En este sentido, la ley prevé que por concepto de infracción la cantidad máxima permitida pase de 100 a 50 mg por 100 ml de sangre, mientras que en el caso de delito el nivel permitido será de 130 mg en lugar de 150; finalmente la culpa grave se establece en 150 mg de alcohol por 100 ml de sangre.
En cuanto a las sanciones, se determinaron aumentos significativos por los diferentes conceptos: en caso de infracción administrativa la multa pasa de 30 días de salario mínimo a 150 o 200, es decir, de ocho a once mil pesos, más la asistencia a un curso de sensibilización si la cantidad de alcohol detectada en la sangre va de 50 a 80 mg. En cambio si esta está compresa entre 81 y 130, se proveerá también al retiro del vehículo.
En caso de delito, de 130 a 150 mg la sanción será de 150 a 250 días de salario mínimo; mientras que el delito grave, es decir una cantidad de alcohol superior a los 150 mg, pasará a de 1 a 10 años de prisión. Otra novedad es que si antes la libertad provisional se negaba al incurrir en más de dos causales, con la reforma también no se concederá en caso de homicidio y una cantidad de 150 mg de alcohol.
Además, en caso de reincidencias, a la primera se incurrirá en la multa correspondiente más un arresto de 12 a 36 horas; a la segunda, se agrega la cancelación por dos años de la licencia. En este sentido la SVyT implementará un registro de infractores para detectar reincidencias. En caso de delito, el juzgado podrá establecer para el infractor un servicio comunitario que estará a cargo de la dependencia al que se le asigne. Finalmente las multas a los centros de diversión serán de hasta 156 mil pesos por vender alcohol en horarios no permitidos o a menores de edad.
Para reflexionar
Según datos del CEPAJ, en lo que va de 2010 en Jalisco, de los 203 casos de muertos por atropellamiento, en 37 de ellos se reveló el uso de bebidas alcohólicas; asimismo en 51 de los 147 choques y en 25 de las 74 volcaduras mortales registradas en la entidad en el mismo lapso. Comparados con los datos referentes al mismo periodo de 2009, se releva un aumento de los accidentes viales, a pesar de una disminución de los casos en que se detectó uso de alcohol. Pues este probablemente es solamente la punta del iceberg de una problemática que involucra varios aspectos.
Calles y carreteras en malas condiciones, mal iluminadas y sin balizamiento, falta de una cultura vial y laxitud de las autoridades en los controles, facilidad en obtener la licencia de manejo con test teóricos ridículos y pruebas de manejo al interior de un estacionamiento sin salir a la calle, son otros problemas a considerar en la reducción de los accidentes viales.
Leyes como la antiborrachos establecen medidas severas similares a países europeos que desde varios años luchan en contra del consumo de alcohol al volante. Sin embargo, en un contexto diferente marcado por otras importantes fallas en el sistema de vialidad urbana, y en el que, a diferencia de las ciudades más importantes de esas naciones, no se ofrece ninguna alternativa de transporte público a quienes, para disfrutar de una “diversión responsable”, no tienen otra opción que salir con su coche.
